En medio de la gran discusión sobre el allanamiento ilegal de la embajada de México en Ecuador se han perdido de vista algunos acontecimientos que pueden incidir de manera poderosa en la vida de nuestra nación. Uno de ellos es la destitución, también ilegal, del auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el titular David Colmenares Páramo.
La destitución es ilegal. Los artículos 93 y 94 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señalan que ni el titular de la ASF ni los auditores especiales podrán ser removidos más que por causas graves enunciadas en el artículo 93. El auditor superior no ha justificado el despido con pruebas de que se haya cometido alguna de estas faltas.
Caso ha sido un auditor incómodo. Fue quien presentó el estudio que señaló que el costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) había ascendido a 331 mil millones de pesos y no a 100 mil como sostenía el gobierno de López Obrador. Colmenares “enmendó” el resultado, para ajustarlo a los 100 mil millones que quería AMLO, y suspendió a Caso, pero este consiguió un amparo para su restitución. Ahora ha sido despedido, pero sin que se justifiquen las causas graves que exige la ley.
La ASF es una institución del Estado mexicano, no un órgano del poder Ejecutivo. Depende de la Cámara de Diputados, pero por ley debe ser autónoma para auditar con libertad e independencia. Caso advierte, sin embargo, que “Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la Auditoría Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización… Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, esta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional… Las motivaciones y aspiraciones políticas actuales son la causa de la disminución y debilitamiento de funciones que deberían ejercerse sin condicionantes”.
Preocupación
La destitución del auditor especial genera una enorme preocupación en este momento. El presidente ha impulsado una guerra contra todas las instituciones que piensa puedan ser un contrapeso a su poder. A algunas las ha cooptado, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o parcialmente al Instituto Nacional Electoral (INE). Al INAI y al Tribunal Electoral no los ha doblegado, y por eso les ha negado, a través de sus mayorías en el Congreso, el nombramiento de nuevos comisionados o magistrados. A la Suprema Corte la quiere dominar nombrando gradualmente a ministros leales a él y no a la Constitución y a las leyes que de ella emanan.
La ASF es una institución crucial para la salud de la República porque se encarga de fiscalizar los gastos del sector público. Ha demostrado ser un instrumento fundamental para combatir la corrupción. Por eso inquieta que en los últimos años haya censurado la información sobre el NAIM y haya reducido sus auditorías sobre asuntos relevantes y sus procesos sancionadores.
“Este abandono de los principios de autonomía e imparcialidad —ha escrito Caso Raphael— ocurre porque existe la aspiración claramente ponderada en estos días de ‘hacer política’, lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoría Superior de la Federación”.