De manera formal, legal, institucional e incluso conforme a los procedimientos que se establecen en los convencionalismos del sistema político mexicano, no deberíamos haber iniciado con tanta anticipación el natural relevo de los poderes Ejecutivo y Legislativo (en particular la Presidencia de la República), que ahora se adelanta dos meses en su nuevo calendario para entrar en funciones el 1 de octubre de 2024. Reforma aprobada, por cierto, en febrero de 2014.
La auténtica ola de comunicación que ha desplazado del foco de atención de los medios y opinión pública en general a los apremiantes asuntos de la agenda nacional, sobre todo las condiciones de inseguridad pública que se viven en varias partes de la geografía del país, pueden convertirse en un serio obstáculo para el fin del gobierno del presidente López Obrador y hasta afectar al desarrollo mismo de la contienda electoral.
Es decir, que por darle una plena y decidida prioridad a las cuestiones políticas electorales los demás asuntos de la agenda nacional no solo sean hechos a un lado, sino incluso ignorados, minimizados.
Las cifras que dan cuenta de la violencia criminal (sobre todo los homicidios dolosos con arma de fuego) indican, junto con otros delitos de igual o mayor impacto, como son el feminicidio y la desaparición/no localización, no han hecho sino continuar aumentando.
Ya llegará el momento, dentro de los cientos de campañas electorales que se llevarán a cabo en el país, para que se planteen opciones realistas, viables, consistentes, pero más que nada fundamentadas para estar en condiciones de hacer frente y procesar a la delincuencia organizada y común.
No queda mucho tiempo para evitar una situación de catástrofe; por ejemplo, violencias abiertas e indiscriminadas dirigidas a la población inocente.
Desafío
La situación política electoral propicia una natural distracción o desconcentración entre funcionarios que aspiran a seguir su ruta profesional desde la representación popular en cualquiera de sus formatos y desde hace meses trabajan para lograr un mejor posicionamiento al iniciarse la contienda.
De ahí que la solicitud de licencias, renuncias, permisos y demás procedimientos administrativos en muy buena medida ralentizan las capacidades de gestión y atención al contribuyente y usuarios en general.
Por eso es importante establecer ahora mismo límites a las actividades personales y de aspiraciones de continuidad en el servicio público a partir de cumplir con el encargo y compromisos asumidos, y solo entonces abandonar las funciones asignadas para pasar a la búsqueda del voto popular y, por lo tanto, al desarrollo de la campaña.
Cada formación política, por sí misma o en alianza, deberá establecer y presentar el contenido general de su plataforma electoral y potencial programa de gobierno.
Por ello resulta sustancial que la prioridad se establezca a partir de diagnósticos serios, argumentados y de propuestas con esas mismas cualidades. Y por eso es tan importante mantener, reconocer y abordar la manera en que se atienden los grandes antagonismos para la sociedad y para las estructuras de gobierno. Ese sí que es un auténtico desafío.
Lo anterior desde luego que también atañe al resto de las formaciones políticas y liderazgos opositores; de ninguna manera es un asunto privativo o exclusivo del gobierno de la República.
En la lógica de que deben contarse propuestas viables para gobernar el país, un estado de la República o un municipio, es que no debe desatenderse la cruenta realidad, con todo y lo intensas que sean las luchas internas y externas por ganar las posiciones: la grave/compleja situación por la que pasamos como sociedad y gobiernos de ninguna forma lo permite.