Siete jóvenes, de entre 14 y 18 años fueron secuestrados en Malpaso, Zacatecas, en la madrugada del domingo 24 de septiembre. La acción ocurrió en un rancho conocido como El Potrerito. Los chicos estaban dormidos después de asistir a una fiesta familiar. No sabemos hasta el momento de escribir estas líneas cuáles fueron las razones del secuestro.
Los padres presentaron denuncias por la desaparición y buscaron a los chicos. Durante horas bloquearon una autopista cercana, afectando a cientos o miles de viajeros y transportistas, con la idea de que esta es la única forma de lograr que las autoridades hagan caso a los familiares de las víctimas. Mucha gente criminalizó a los jóvenes y los acusó de ser parte del crimen organizado por el simple hecho de haber sido secuestrados. Son solo “unos niños”, respondieron los padres.
Este 27 de septiembre fueron encontrados los cuerpos de seis de los adolescentes. Estaban sin vida. El único sobreviviente, Sergio Acevedo, presentaba fracturas de cráneo y nariz.
Me gustaría decir que fue un hecho aislado, que México es un país seguro en el que solo de vez en cuando ocurren actos de violencia de esta magnitud. Pero no, la violencia se ha convertido en una ocurrencia común en muchos lugares de nuestro territorio. Nada más en 2022 se registraron mil 432 homicidios dolosos en el estado de Zacatecas. Son 87 homicidios por cada 100 mil habitantes, la segunda tasa más alta del país, solo detrás de los 113 de la diminuta Colima. La tasa de homicidios en Zacatecas se ha multiplicado por cuatro desde 2011. El gobierno del morenista David Monreal ha fracasado en el combate a la inseguridad.
La muerte de estos seis jóvenes se olvidará pronto. Entre todos los homicidios de Zacatecas, o los 32 mil 223 que tuvo el país en 2022, seis muertes se desvanecen con facilidad. Pero no para esos chicos que han visto truncadas sus vidas a tan corta edad, ni para sus padres, quienes sufrirán todos los días de su existencia la pesadilla de haber perdido a sus hijos de una manera tan brutal cuando eran solo unos niños.
Guerra abierta
La pesadilla, sin embargo, no se queda solamente en estos padres. El país está inmerso en una oleada de violencia que parece que nunca terminará. Las ejecuciones se suceden sin fin a lo largo y lo ancho de México. Los grupos del crimen organizado se disputan territorios en lo que solo puede describirse como una guerra abierta.
El nuestro no es el país con más homicidios per cápita en el mundo, pero sí el que registra más periodistas, activistas y sacerdotes asesinados.
La principal responsabilidad del Estado, de cualquier Estado en el mundo, es proteger a los gobernados de agresiones y robos. Esa es la razón fundamental de su existencia. Todas las demás funciones son secundarias. El gobierno de México, sin embargo, está fallando en lo que debería ser su principal responsabilidad.
Si bien es cierto, como afirma el presidente López Obrador, que ha habido una disminución en el número de homicidios dolosos desde el pico de 2019, la inseguridad sigue siendo por mucho el principal problema que afecta a nuestro país.
Quizás es cierto que el problema es heredado. A lo largo de muchos años la violencia creció hasta llegar a dominar la vida nacional. Pero López Obrador no asumió la Presidencia para quejarse de lo que hicieron o no hicieron sus predecesores. Al aceptar el encargo presidencial asumió la responsabilidad de combatir la inseguridad.
Pero todavía falta mucho para declarar victoria en este campo. Los niños asesinados de Zacatecas son testimonio de ese fracaso.