En esta ocasión conversé con Erika Rodríguez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, una jurista con sólida formación en derecho penal, argumentación jurídica y litigación oral, que hoy encabeza un esfuerzo institucional para hacer de la justicia un verdadero mecanismo de igualdad en contextos complejos.
Desde su experiencia, el reto es estructural. Como ella misma explica: “Estamos conscientes de que nuestra estructura social ya está basada en este sistema patriarcal y entonces es muy difícil, porque es una cuestión cultural. ¿Qué estamos haciendo ahora? Teniendo programas para poder concientizar tanto a los operadores jurídicos como a los propios abogados para que actuemos; y en el caso específico del Poder Judicial, que juzguemos con perspectiva de género”.
La transformación, entonces, no solo es legal sino profundamente cultural.
Rodríguez pone el foco en una realidad que muchas veces se normaliza: “En nuestra estructura social el hombre es el que provee, el hombre es el que se desarrolla profesional y económicamente. Las redes de apoyo de las mujeres desde luego que disminuyen. En consecuencia, no pueden tener las mismas posibilidades de poder acudir a solicitar justicia en cualquier ámbito, civil, familiar, penal, laboral”.
Bajo esta lógica, la igualdad ante la ley no puede entenderse sin reconocer las condiciones desiguales de origen.
Compromiso ineludible
Uno de los ejemplos más duros que comparte evidencia cómo estas desigualdades operan en contextos comunitarios: “¿Quién toma las decisiones estando o no estando? Sigue siendo el varón. ¿Por qué? Porque en la idiosincrasia de muchos pueblos para que una mujer sea respetada también necesita tener a su lado un hombre, porque si no, no la van a respetar. Bajo este sistema proteccionista es que el papá dice, ‘no, está al cuidado de mi hermano’, y el hermano la viola”.
Casos como este obligan a replantear la forma en que se juzga, entendiendo el contexto y no solo hechos aislados.
Su postura es clara: “Tengo un compromiso ineludible con las mujeres, para poder potencializarlas y ponerlas en puestos de posición, donde se toman decisiones. De igual manera, tener esta igualdad junto con los compañeros varones es importante, porque no podemos caer ahora en la discriminación en sentido contrario”. La perspectiva de género no busca privilegios, sino equilibrio y justicia.
En un país donde millones de mujeres aún enfrentan barreras para acceder a la justicia, especialmente en contextos indígenas y comunitarios, el mensaje es contundente: no basta con que la ley exista, tiene que poder ejercerse en condiciones reales de igualdad.
Porque sin perspectiva de género la justicia no alcanza. Y sin justicia efectiva los derechos se quedan en el papel.