Donald Trump no dijo una frase menor. Al advertir que si México no hace el trabajo contra el narcotráfico Estados Unidos podría hacerlo, colocó a nuestro país frente a su momento más vulnerable en más de un siglo: la posibilidad real —ya no retórica— de una incursión militar estadunidense contra los cárteles.
Ya no estamos ante una declaración de campaña ni una amenaza al aire; es la confirmación de que Washington ha perdido la paciencia. La advertencia llega junto con la nueva estrategia antiterrorista de 2026, que incluye a los “narcoterroristas” entre las tres grandes amenazas más importantes para Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Hoy más que nunca el lenguaje importa. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026 ya no trata a los cárteles únicamente como organizaciones criminales, sino como una amenaza de seguridad nacional. Ahí se afirma que la designación como organizaciones terroristas extranjeras no es simbólica: activa un cambio de enfoque y de herramientas de seguridad nacional, incluidas capacidades militares, de inteligencia, económicas y diplomáticas.
Y ahí es donde México queda expuesto. Durante años, el gobierno apostó por negar, minimizar o administrar la captura criminal del territorio. Pero el Rochagate cambió el eje de la discusión, porque evidenció la capacidad de estructuras criminales para intervenir en el poder público.
Por eso se cae el argumento cómodo de que los cárteles no pueden considerarse terroristas porque no tienen motivación política o religiosa: un grupo que controla territorios, impone candidatos, financia campañas, amenaza autoridades y captura instituciones sí tiene una dimensión política. No busca fundar un califato ni tomar el Palacio Nacional, pero sí condicionar al Estado. Y eso basta para convertirlo en un actor de poder.
Frontera
El gobierno intenta reducir la discusión a un falso dilema patriótico: o se está con la soberanía mexicana o se está con Washington. Como si toda crítica a la captura criminal del Estado automáticamente implicara respaldar una intervención extranjera. Pero la verdadera discusión es otra. Porque la amenaza más grave para la soberanía mexicana no comenzó fuera del país sino dentro de cada municipio, fiscalía o elección que terminó en manos del crimen organizado.
La tragedia es que el gobierno actual confunde soberanía con negación, cooperación con subordinación y seguridad con propaganda. Y al hacer esto debilitó la mejor defensa que México tenía frente a Estados Unidos: demostrar que podía limpiar su propia casa. Cada red criminal protegida, cada expediente incómodo congelado y cada funcionario intocable le entrega a Washington un argumento más para decir: si ustedes no pueden, nosotros sí.
La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende con Estado. Y hoy México llega a esta crisis con instituciones penetradas, un gobierno políticamente acorralado y una potencia vecina que ya tradujo el narcotráfico al idioma de la guerra contra el terrorismo. La amenaza más grave no es que Estados Unidos quiera cruzar la frontera. Es que el crimen organizado ya la cruzó primero: la frontera entre el Estado y los criminales.