El Congreso de la Ciudad de México, el gobierno capitalino y principalmente las autoridades de vivienda y protección civil no deberían poner oídos sordos al clamor de vecinos de diversas colonias de Azcapotzalco para que detengan el megaproyecto inmobiliario ubicado en Avenida Camarones 134, colonia Obrero Popular, por los daños estructurales que se están presentando en viviendas colindantes, siendo que apenas se encuentra en la etapa de demolición.
La diputada Laura Álvarez Soto, de la bancada de Acción Nacional, hace un llamado urgente “para detener el avance del megaproyecto inmobiliario que prevé la construcción de más de 600 departamentos en un complejo que supera los 50 mil metros cuadrados”.
Advierte Álvarez que los trabajos actuales “ya provocan daños en casas colindantes, generando preocupación y temor entre familias de la zona”.
Vaya conflicto, pues en esa alcaldía hay problemas de edificios dañados por los sismos que no se han reconstruido y este ambicioso proyecto, que se desconoce si cumple con todos los requisitos para una obra de esta magnitud, podría representar un peligro en el futuro, pues al parecer la zona no es la más adecuada.
Por ello, los vecinos exigen que se cancele, porque más vale actuar ahora que lamentar después. ¿O no?
“La zona en la que se construye ha sido identificada como de inestabilidad del subsuelo, lo que incrementa el riesgo de hundimientos diferenciales y daños estructurales. El propio Instituto de Vivienda reconoce que si se agregan cargas significativas al terreno la integridad de las viviendas puede verse comprometida”, puntualiza la diputada local.
Lo curioso del caso es que si las autoridades conocen la situación del terreno, ¿cómo obtuvo la empresa el uso del suelo para una obra de esa magnitud? También es raro el hecho de que los vecinos han acudido a diversas autoridades y nadie les hace caso, ni siquiera les contestan los escritos que presentan en busca de apoyo para preservar su patrimonio. No están solicitando otra cosa, más que defender su propiedad, por la que pagan impuestos. Está raro, ¿no?
“El llamado de auxilio no busca frenar el desarrollo urbano, sino proteger la seguridad y el patrimonio de las familias, pues la legislación obliga a las autoridades a aplicar el principio de precaución cuando exista riesgo razonable para la vida o el patrimonio. La Suprema Corte ha determinado que la intervención debe realizarse de manera inmediata cuando existe posibilidad de daño irreversible”, explica Álvarez.
La diputada solicitó mediante un punto de acuerdo que “se realice una verificación inmediata del sitio y de los predios colindantes; y que de confirmarse los daños y el riesgo estructural, se proceda a la cancelación definitiva de la licencia correspondiente, ya que no se puede permitir que intereses privados estén por encima de la seguridad de las familias”.
Vaya que tiene razón: más vale analizar la situación cuando todavía se puede llegar a un acuerdo para ambas partes, que no pongan en peligro a los vecinos y que avance el proyecto sin perjudicar a nadie. ¡Por supuesto!
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que el próximo martes el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobará el dictamen de la iniciativa que fusiona Comunicación Social con el Canal de Televisión de ese poder y se rumora que Óscar Figueroa puede ser el próximo titular si su jefe, el diputado Víctor Romo, logra convencer a la mayoría de la bancada guinda, porque de antemano se sabe que algunos con quienes ha tenido diferencias no lo apoyarán. Así que ¡veremos!...