Como otros términos jurídicos de los ámbitos militar, defensa, seguridad nacional e inteligencia, el de arma de destrucción masiva ahora es tergiversado para, aplicado a un opioide sintético y cuyo consumo indiscriminado comenzó hace años en Estados Unidos por la criminal irresponsabilidad de médicos y farmacéuticas, dar pie a presiones injerencistas desde la Casa Blanca.
Lo mismo que sucedió desde el 20 de febrero pasado al clasificar a seis estructuras criminales mexicanas, por parte del Departamento de Estado, como organizaciones terroristas internacionales.
Sumados a ese tenso ambiente, los criterios generales de la estrategia de seguridad nacional publicada a finales de noviembre, donde el principal foco de atención es el continente americano y más aún Latinoamérica, dicha retórica y condiciones jurídicas le permiten al presidente Donald Trump contar con los recursos mediáticos, institucionales, presupuestales y políticos para estar en condiciones de incidir en los gobiernos de la región.
Por lo que hace a la prioridad de atacar la producción y tráfico de drogas en general, México, Colombia y Venezuela tienen el denominador común de que en los tres existen organizaciones terroristas internacionales y, por lo tanto, merecen un tratamiento especial, sobre todo en lo que hace a los intereses de la seguridad nacional estadunidense.
Ruta
He apuntado en anteriores entregas que la figura del narcotraficante es la continuación argumentativa de la política exterior de Washington. Así, tanto el comunista de la Guerra Fría como el terrorista de los atentados del 11 de septiembre de 2001 han sido reemplazados por el traficante de drogas.
En esos términos es que la aplicación de preceptos jurídicos, antes referidos de forma exclusiva a actores no estatales y a gobiernos calificados de hostiles, en estos días se llevan al terreno donde surgen riesgos para los intereses de Washington, sobre todo en países latinoamericanos.
Los convenios comerciales, migratorios, de intercambios científicos, turísticos y de inversiones en general se verán afectados dada esa retórica belicista y clasificación militar de acciones netamente delictivas.
Es clara la ruta trazada por el gobierno de Estados Unidos para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) llegue al momento de su revisión en las más débiles condiciones posibles para ser eliminado y sustituido con acuerdos bilaterales por materia, objetivo de Donald Trump manifestado en varias ocasiones.
La escalada semanal en cuanto a órdenes ejecutivas (decretos presidenciales para nuestro caso), declaraciones de Trump y de sus principales colaboradores en estas materias, abren con frecuencia temas que poco abonan a un sincero espíritu de colaboración y cooperación de su gobierno con los de los países latinoamericanos. Por lo que hace al caso de México debe sumarse un valor sustancial: la confianza. Empero, dadas las evidencias, hay pocas expectativas de que así vaya a suceder, al menos en los siguientes meses, pues la escalada militar estadunidense en las costas del Caribe venezolano, aunada a los recientes resultados electorales presidenciales en Honduras, Ecuador, Bolivia y Chile, anuncian —además del reacomodo ideológico de Centro y Sudamérica— un giro en las relaciones con la Casa Blanca.
No obstante, la cooperación militar entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos sigue. Así lo evidencia la solicitud enviada el miércoles 17 al Senado por parte del Ejecutivo para el ingreso de elementos de la Armada de EU, con el objetivo de adiestrar a elementos de la Armada de nuestro país. Buena noticia para cerrar el año.
Para el equipo, colaboradores, lectoras y lectores de Vértigo: espero tengamos un amable fin de año y que 2026 sea pleno de salud, éxitos y afecto. Nos merecemos un mundo mejor. Así sea.