El 19 de agosto se llevó a cabo la última sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fue el fin de una época. El próximo 1 de septiembre rendirá protesta un nuevo tribunal, radicalmente distinto al actual, a pesar de que incluye a las tres ministras morenistas que han estado en funciones desde hace años. La nueva corte no tendrá ya independencia.
La sustitución del máximo tribunal fue una decisión del expresidente López Obrador, quien desde el 5 de febrero de 2024 lanzó una iniciativa para modificar la Constitución con el fin de construir un nuevo Poder Judicial. Nunca ocultó que le molestaba que los ministros buscaran “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Después de que varias iniciativas y medidas del expresidente fueron rechazadas por violar la Constitución, un airado López Obrador espetó a los ministros: “Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”.
López Obrador diseñó un nuevo Poder Judicial con elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. La mayoría de los juristas señalaron que era un despropósito debido a que los electores no tenían forma de conocer a los miles de candidatos que contenderían en una elección. Los legisladores del oficialismo apoyaron la iniciativa, a pesar de todas sus contradicciones, porque no querían incurrir en la furia del presidente y porque el proceso de elección era lo menos importante de la propuesta. Lo crucial era que todos los candidatos fueran aprobados por el gobierno y lo obedecieran sin salir con el cuento de que la ley es la ley.
El proyecto ha funcionado. Los resultados de la elección reflejaron con exactitud las listas de candidatos colocados por el gobierno en los “acordeones” con los que indujo el voto.
Regresando
Considerando solo las tres elecciones nacionales para ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados electorales, y sus 64 candidatos en contienda, la votación arrojó exactamente los mismos ganadores, en el mismo orden, en todo el país. No importó que todos fueran virtualmente desconocidos y que no se permitió casi ninguna promoción. Con más de siete mil millones de combinaciones posibles, “la homogeneidad del voto en todo el país solo puede explicarse mediante una intervención deliberada”, señaló un estudio del ministro en retiro José Ramón Cossío y el académico Jorge Medellín. “El patrón (de los resultados) es tan perfecto, que revela su artificialidad. La democracia no se cayó (como en 1988): fue copiada”.
Aun así, el gobierno no deja en libertad a los nuevos jueces: para que no salgan con el cuento de que la ley es la ley y evitar tentaciones de independencia se creó el Tribunal de Disciplina, que revisará los procesos e intervendrá en aquellos cuyos resultados no le gusten al régimen. Este tribunal podrá hacer llamadas de atención a los juzgadores y recomendar decisiones. En los casos en que los juzgadores traten de preservar su independencia el Tribunal de Disciplina podrá suspenderlos, destituirlos o incluso encarcelarlos. No serán muchos los que se atrevan a defender sus posiciones.
Estamos viendo el fin de una era que empezó con la reforma judicial de 1994 y llevó al único periodo en la historia nacional en que el Poder Judicial ha sido independiente. De ahora en adelante los fallos serán dictados por el Ejecutivo. Estamos regresando a los tiempos en que el presidente decidía cualquier fallo judicial.