Apartir de 1964 se inicia un largo, cruento y violento proceso político en la mayor parte de los países latinoamericanos. Me refiero al ciclo de golpes de Estado, que comienza en Brasil y concluye hasta marzo de 1990, cuando el dictador chileno Augusto Pinochet abandona el poder luego de un histórico plebiscito. Desde entonces, y aun antes, como lo demuestra la historia, las Fuerzas Armadas, en términos generales, eran un factor real de poder y con frecuencia una auténtica amenaza.
Luego del accidentado proceso de reinstalación de la democracia liberal y plural en la región, no ha dejado de haber sobresaltos, extendidos conflictos políticos y polémicos procesos electorales (Brasil, Argentina). En esa inercia se inscriben, sin lugar a dudas, Venezuela y Nicaragua. Queda por supuesto la excepción del caso de Cuba.
Así las cosas, en la ecuación desarrollo-estabilidad-democracia en los años recientes hemos observado auténticas crisis políticas de enorme profundidad que han llevado a la remoción del presidente en cuestión (Perú). También al adelanto en las fechas de elecciones presidenciales (Ecuador).
No quedan ausentes, qué va, los giros ideológicos (hacia el espectro de la izquierda latinoamericana) en democracias como las de Chile y Colombia. Sin embargo, en los casos referidos en ningún momento han aparecido, ni menos han actuado, las Fuerzas Armadas con fines políticos determinados. Ahora lo podemos observar de manera nítida en la severa crisis política ante el tenso cambio de poderes en Guatemala, donde el nuevo presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera juramentaron sus cargos el pasado día 15 contando con la presencia de importantes líderes internacionales, destacando los mandatarios de Chile y Colombia, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el rey Felipe VI. Nuestro país estuvo representado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
Presión
En su discurso, Arévalo reconoció la actitud institucional de las Fuerzas Armadas, dirigidas por el general del Ejército, Henry Sáenz. A su vez, este reconoció en una ceremonia posterior el mismo día 15 la autoridad constitucional y democrática del presidente como comandante del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de Guatemala. Este proceso tiene un profundo significado en el sistema político de ese país, dada la lamentable y larga historia de conflictos sociales e ideológicos que han llevado a importantes mandos militares ante la justicia. Ahora es distinto.
Las condiciones en la toma de la presidencia para el periodo 2024-2028 son para la dupla Arévalo-Herrera todo un desafío. Desde la campaña han debido enfrentar, al igual que su partido Movimiento Semilla, intentos que van desde la cancelación del registro como organización hasta, incluso, acusaciones penales desde la Fiscalía para que las elecciones sean anuladas. La presión internacional para respetar la voluntad del electorado guatemalteco ha sido determinante. Incluso el mismo día de la toma de posesión el secretario general de la OEA, Luis Almagro, leyó a nombre de todas las delegaciones y organismos multilaterales presentes (incluyendo a Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) el beneplácito para que el Congreso procediera a la instalación de la nueva Cámara de Diputados para dar paso a la asunción de Arévalo.
El insólito retraso para dicha ceremonia fue de ocho horas, producto de inútiles y ridículas tácticas dilatorias de los partidos opositores.
Esperemos que, no obstante las naturales diferencias que se dan en la democracia, prevalezcan los superiores intereses del pueblo guatemalteco.