La rivalidad entre agencias en las áreas de defensa, seguridad e inteligencia —civiles y militares— forma parte de una breve lista de variables que de persistir ponen en serio riesgo los intereses de seguridad nacional y en no pocas ocasiones la integridad de un amplio grupo de personas y de instalaciones estratégicas.
Conocido es el informe solicitado por el Senado de Estados Unidos a propósito de los atentados del 11 de septiembre de 2001; también, y como importante antecedente, el informe de Pearl Harbor: en ambos traumáticos e históricos acontecimientos se da cuenta documentada y profusamente de que una parte relevante del éxito de los ataques fue la falta de colaboración, intercambio de información y protocolos de confianza entre las áreas civiles y militares responsables directas de prevenir dichas acciones.
En otro contexto, pero con una situación similar en cuanto a descoordinación y, sobre todo, precipitación de las áreas civiles estadunidenses, el pasado día 11 de este mes amaneció cerrado momentáneamente el aeropuerto de El Paso, Texas.
En primera instancia se había anunciado por la Autoridad Federal de Aviación (FAA) que debido a “razones especiales de seguridad” la instalación fronteriza con México cerraría sus operaciones hasta por diez días. Sin embargo, en las horas que sucedieron al anuncio algo obligó a la propia FAA a rectificar, por lo que la suspensión total de los vuelos fue de tan solo ocho horas. La prohibición de vuelos comenzó el martes 10, a las 23:30 horas.
La reapertura se decidió luego de afirmaciones carentes de sustento por diversas y diversos funcionarios civiles, como las de la jefa del Departamento de Justicia, Pamela Bondi, quien expresó en una audiencia en el Senado que estaban “derribando drones de los cárteles mexicanos”, lo que a la postre resultó por completo falso.
Otro tanto se observó en la comunicación entre las autoridades federales de aviación y las del aeropuerto de Texas y los mismos controladores aéreos. Según sus testimonios públicos, fueron avisados de la suspensión de vuelos con tan solo una hora de anticipación, lo que les impidió aplicar un adecuado plan de emergencia.
Incluso el alcalde de El Paso, Renard Johnson, expresó: “Quiero dejar muy en claro que esto no debería haber ocurrido. No se puede restringir el espacio aéreo de una gran ciudad sin coordinarse con el aeropuerto, los hospitales, los dirigentes de la ciudad”. Y concluyó: “La falta de comunicación es inaceptable”.
Tomar nota
Desde el gobierno federal de EU el jefe del Departamento de Transporte, Sean Duffy, persistió en reafirmar como el motivo para el cierre del aeropuerto la noticia falsa de una incursión en espacio aéreo norteamericano por parte de un dron enviado supuestamente por una Organización Terrorista Extranjera, como ahora clasifican a seis estructuras criminales mexicanas.
En realidad, la razón o el origen de la confusión entre agencias y en la Casa Blanca se debió a la utilización o ensayos de un rayo láser de alta energía por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para derribar y/o neutralizar drones hostiles provenientes de México. Esta arma fue desarrollada y probada por el Departamento de Defensa en zonas remotas de Estados Unidos. En esta ocasión la falta de coordinación y comunicación oportuna llevó a tomar una decisión que, como se lee, si bien tuvo impacto de corta duración (ocho horas), provocó una del todo real posibilidad de afectaciones más serias y graves.
Es importante, para el caso de nuestro país, tomar nota de los riesgos que implica la ausencia de coordinación y cooperación entre las instancias de gobierno, incluyendo las locales (estatales y municipales).