Andrés Manuel López Obrador siempre despreció las fundaciones y asociaciones civiles que realizan trabajos de beneficencia, educación, promoción artística o apoyo a la sociedad. A su juicio, las empresas deben dedicarse solo a trabajar y a pagar impuestos, mientras que los apoyos sociales deben ser únicamente responsabilidad del gobierno.
Esta posición tiene una razón política. Desde que ocupó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de 2000 a 2005, López Obrador comprendió que el agradecimiento de la gente que recibe ayuda tiene un enorme valor político. Su popularidad se elevó a grandes alturas con las pensiones para adultos mayores, no porque estas no existieran antes sino porque AMLO tuvo la habilidad de aprovecharlas para su beneficio político. Otros gobiernos tenían programas sociales pero no los presentaban como dádivas personales del gobernante al pueblo bueno.
Ya como presidente López Obrador hizo alianzas con empresas privadas para muchos proyectos pero siempre cuestionó que ayudaran a la población con programas filantrópicos. Solo el gobierno debía hacerlo y el agradecimiento debía concentrarse en el mandatario y traducirse en votos.
López Obrador canceló muchas autorizaciones a organizaciones civiles para actuar como donatarias, o sea, receptoras de donativos deducibles de impuestos. Mantuvo también una campaña de difamación contra algunas de ellas. La situación solo ha empeorado bajo Claudia Sheinbaum. En los últimos días se ha dado a conocer la cancelación de cientos de autorizaciones de donatarias. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que desde 2019 “el SAT ha revocado o cancelado el registro de mil 393 organizaciones”.
Ilegal
En los países democráticos las organizaciones civiles tienen un papel muy relevante en la sociedad. Financian labores altruistas, tratamientos médicos, investigaciones científicas, actividades artísticas, tareas educativas, entrenamientos de atletas de alto rendimiento, festivales y labores de promoción de ideas políticas, entre muchas otras causas. La deducibilidad fiscal de estas actividades es un factor crucial para la existencia de la generosidad organizada.
Los países autoritarios suelen restringir las actividades de las organizaciones civiles. Naciones como Venezuela y Nicaragua han puesto freno a las operaciones de estos grupos. No les interesa que haya filantropía, mucho menos que se promuevan ideas políticas con las que no están de acuerdo.
En México las cancelaciones de autorizaciones a donatarias se registran en un momento en que grupos cercanos al expresidente López Obrador crean una nueva asociación civil, llamada Humanidad con América Latina, cuyo propósito es enviar dinero a Cuba. Recaudar recursos y deducirlos de impuestos en México para entregarlos a un gobierno extranjero es ilegal, pero eso no ha impedido que esta asociación reciba la autorización como donataria en apenas 20 días, un hecho sin precedentes.
Sheinbaum dice que no sabía que el SAT estaba cancelando autorizaciones de donatarias. Afirma que los funcionarios no le consultan cada decisión que toman. Pero es significativo que el gobierno cancele tantas autorizaciones de organizaciones que le resultan incómodas, cuando aprueba con rapidez inusitada la que promovió López Obrador.
El mensaje es: solo nuestras donatarias tendrán permiso de operar.