En el sur del país la justicia con perspectiva de género no es una consigna: es una necesidad urgente. En estados como Chiapas mujeres indígenas llegan a los tribunales no porque busquen litigar sino porque normas pensadas desde el centro del país chocan con su realidad cotidiana. Así lo explica Jazmín Robles Cortes, magistrada de circuito.
Uno de los ejemplos más claros es el de las parteras indígenas. Por generaciones han acompañado a las mujeres de sus comunidades durante el embarazo y el parto, expiden constancias de nacimiento y cumplen una función central de salud.
El problema surge cuando una Norma Oficial Mexicana intenta regular toda la partería bajo los mismos criterios que la medicina institucional, sin distinguir entre partería tradicional y servicios médicos formales. Esa regulación es la que hoy llega a los tribunales vía amparos.
Juzgar, explica Robles, exige detectar desigualdades estructurales. “Hay un término que se llama categorías sospechosas. ¿Qué es esto? Es el reconocimiento de que algunos grupos vulnerables sufren una posición menor. Nosotros los juzgadores tenemos que poner atención para poder analizar si hay asimetrías de poder”.
La perspectiva de género permite identificar cuándo una norma aparentemente neutral produce discriminación. “Entonces, esto de juzgar con perspectiva de género es tener esta herramienta metodológica para poder analizar situaciones donde las mujeres participan y realmente ver más allá de lo que los simples ojos pudieran detectar”.
Barreras culturales
En el caso de las parteras el análisis pasa por preguntarse si se están respetando los usos y costumbres de las comunidades.
“Y en este caso a las parteras indígenas las someten a una regulación prácticamente a la luz del sector tradicional, del sector público médico y los parámetros de ellos, cuando son totalmente distintos en relación con usos y costumbres”, explica.
Por eso, la exigencia de canjear documentos o cumplir requisitos pensados para clínicas urbanas puede dejar sin reconocimiento legal a mujeres y recién nacidos.
A ello se suman barreras culturales profundas. “Hay mucho machismo todavía en las comunidades, pues sus esposos no les van a permitir acceder a una clínica de salud”. Ignorar este contexto, advierte, significa negar derechos.
Desde Chiapas, Jazmín Robles plantea que impartir justicia para mujeres indígenas implica entender por qué llegan a los tribunales: no para desafiar la ley, sino para que la ley reconozca su forma de vida.

