Parecería extraño que la mayoría oficialista del Tribunal Electoral haya decidido echar para atrás la decisión del INE de no avalar los triunfos de decenas de candidatos a juzgadores que no cumplieron con el requisito de tener una calificación de ocho en la carrera y de nueve en las materias de especialidad para el cargo al que se postularon.
Sin embargo, la decisión del gobierno es que nadie rompa el orden establecido en los acordeones, aunque los candidatos no cumplan con los requisitos de ley.
La legislación para el nuevo Poder Judicial la elaboraron con prisa los legisladores de Morena y sus satélites. El expresidente López Obrador lanzó el 5 de febrero de 2024 una serie de ocurrencias que tenían el propósito de vengarse de los jueces que habían decretado la ilegalidad de muchas de sus acciones y de establecer un poder judicial obediente al Ejecutivo. Por eso los nuevos jueces debían ser electos por el pueblo bueno y sabio. En la carrera por legislar este nuevo sistema, sin embargo, se cometieron muchos errores.
Está el caso de los requisitos para ser juez, magistrado o ministro, los cuales se colocaron incluso en la Constitución. En los artículos 95 y 97, efectivamente, se estableció que para ocupar estos cargos hay que contar con un “título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula…”
Los requisitos son bastante absurdos y revelan la poca claridad en la mente de los legisladores que trataron de cumplir con López Obrador. Muchos abogados no obtuvieron por alguna u otra razón un promedio de ocho en la universidad o de nueve en alguna materia en particular, pero han tenido carreras brillantes como jueces o juristas.
Por otra parte, no es lo mismo un ocho en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana o la UNAM, que en alguna de las miles de escuelas “patito” del país.
Lealtad
Sin embargo, la ley es la ley, y como los comités de evaluación no acataron su deber de revisar que los candidatos cumplieran con los requisitos legales, el INE se encontró con decenas de candidatos ganadores en las elecciones que no tenían los promedios necesarios. Tomó así la decisión de respetar la Constitución y descalificarlos.
Sin embargo, el Tribunal Electoral tiene otras órdenes. No le interesa salir “con el cuento de que la ley es la ley” y aceptar la eliminación de los candidatos colocados en los acordeones del oficialismo. Por eso, este 30 de julio la mayoría oficialista del tribunal (Mónica Soto Fregoso, Felipe Fuentes y Felipe de la Maza) determinó devolver los triunfos a 15 candidatos descalificados por el INE por no cumplir con las calificaciones ordenadas por la Constitución.
Este fallo se aplicará también a otros 30 aspirantes eliminados por el INE bajo el mismo criterio.
Es claro que el Tribunal Electoral tiene instrucciones de que los jueces aprobados en los acordeones lleguen a los tribunales. No se permiten desviaciones. Y si la Constitución y las leyes que de ella emanan dicen otra cosa, peor para ellas.
Por lo menos 45 candidatos asumirán los cargos de jueces y magistrados aunque no hayan cumplido con los requisitos que los mismos legisladores de Morena impusieron en la Constitución.
Quizás estos juzgadores no hayan sido muy estudiosos en la escuela, pero por lo menos sabemos que tendrán 100% de lealtad al gobierno.