En esta ocasión conversé con Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, sobre los retos de impartir justicia en un contexto marcado por la violencia contra las mujeres y la necesidad de modernizar las instituciones.
Su gestión parte de un reconocimiento claro: existe una deuda histórica con las mujeres, particularmente en entidades como Chihuahua, donde la alerta de género obliga a respuestas institucionales más profundas y eficaces.
La apuesta, explica, no es solo discursiva. “Hemos tenido foros, hemos tenido a partir del 1 de septiembre una serie de capacitaciones, precisamente para juzgar con perspectiva de género; y en este sentido ya llevamos a más de 997 personas capacitadas en Chihuahua, en diferentes áreas y en diferentes temas que son de gran importancia para juzgar con perspectiva de género”.
Este esfuerzo busca que la capacitación se traduzca en sentencias, es decir, en decisiones judiciales que verdaderamente protejan a las mujeres y a las niñas.
Sin embargo, el acceso a la justicia sigue enfrentando barreras estructurales. Como advierte Herrera: “Muchas mujeres no saben inclusive que están siendo violentadas y también muchas mujeres sabiendo que son violentadas no se atreven a denunciar. También tenemos a mujeres que sabiendo y que tienen la voluntad de denunciar, no lo hacen porque no confían en las instituciones”.
La confianza en las instituciones es fundamental y hoy representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la cercanía, la respuesta oportuna y la sensibilidad en la impartición de justicia.
Tecnología
De ahí la importancia de fortalecer la respuesta institucional. “Y en este sentido es donde debemos de seguir trabajando. En dar esta seguridad de que efectivamente ellas pueden denunciar y que las autoridades estamos obligadas a atenderlas de manera inmediata, oportuna y juzgando con perspectiva de género, como debe ser”.
En Chihuahua esta visión se traduce en acciones concretas, como tribunales especializados que operan de forma permanente. “Tenemos los tribunales especializados en medidas de protección que trabajan los 365 días del año, las 24 horas para atender precisamente a aquellas mujeres que están siendo violentadas, pueden acudir y se les da una protección inmediata”.
Pero el desafío no termina ahí. La justicia también debe evolucionar hacia esquemas más accesibles, apoyados en la tecnología. Herrera lo plantea con claridad: “Estamos trabajando en un programa muy interesante, que es de justicia itinerante, para acercar todos los servicios y programas que tenemos del Poder Judicial a todo nuestro estado. Y los invitamos a conocer también de manera virtual todas las plataformas que tenemos dentro de nuestro Poder Judicial”.
La digitalización y el acceso remoto no son solo herramientas administrativas: son una vía para cerrar brechas y llevar la justicia a quienes históricamente han estado lejos de ella.
En un país donde once mujeres son asesinadas cada día, hablar de justicia implica hablar de resultados. La tecnología, la capacitación y la perspectiva de género no son agendas aisladas, sino componentes de una misma exigencia: que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana, cercana y accesible para todas.