Al expresidente López Obrador le gustaba citar una frase de Benito Juárez, que en realidad no era del Benemérito: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. No solo es falsa la atribución, sino que la frase expresa una posición radicalmente distinta a las que el propio Juárez defendía. El oaxaqueño era, después de todo, un liberal, y por ello se adhería al principio liberal fundamental que sostiene: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
No parece ser esta la filosofía del actual gobierno, que muestra más bien la tendencia de aplicar una justicia benevolente a sus aliados y otra draconiana a sus críticos.
Lo vemos en la manera en que trata a los detenidos por participar en la manifestación de la Generación Z del 15 de noviembre. Algunos son acusados de homicidio calificado en grado de tentativa, otros de robo y daños en propiedad. En cambio, quienes participaron en las violentas manifestaciones de los normalistas de Ayotzinapa de septiembre pasado o la del 2 de octubre, y que cometieron delitos peores, no fueron detenidos ni se les procesó.
Estoy de acuerdo en que es importante proteger el Palacio Nacional, un monumento histórico invaluable. De hecho, una de las muchas razones por las que López Obrador no debió haber mudado la residencia presidencial a Palacio es, precisamente, por ese carácter histórico. Las autoridades actuaron con prudencia y responsabilidad, a mi juicio, cuando colocaron una valla de cuatro metros para proteger el edificio el pasado 15 de noviembre.
Injusto
Lo que no es aceptable es que las autoridades hayan puesto barreras para impedir el libre acceso de los manifestantes al Zócalo, cuando esto no se hace en las movilizaciones de simpatizantes del gobierno. Tampoco es correcto que la autoridad no haya actuado desde un principio cuando un grupo de encapuchados empezó a tratar de derribar la barrera que protegía Palacio Nacional y a los granaderos detrás de ella. Es difícil pensar, por otra parte, que los costosos organismos de “inteligencia” del gobierno no hayan logrado identificar a los supuestos integrantes del llamado “bloque negro”, que fue el único violento en la protesta del 15 de noviembre. La policía, además, debió haber intervenido en los violentos robos de joyerías que los manifestantes del 2 de octubre realizaron en los alrededores del Zócalo. Es obligación de la autoridad detener a quienes están cometiendo un delito en flagrancia.
Acusar a alguien de homicidio calificado, aunque sea en grado de tentativa, es muy grave. No hay indicios, sin embargo, de que los detenidos sean los violentos encapuchados que realizaron las agresiones contra los granaderos antes de que llegara la marcha. Las fotografías y los videos que se han divulgado sobre lo ocurrido el 15 de noviembre muestran que los granaderos, una vez que recibieron la instrucción de actuar, agredieron y detuvieron a quienes protestaban de manera pacífica. De hecho, atacaron a manifestantes ya en el suelo y los golpearon con sus escudos. Esto es más una tentativa de homicidio que la participación en una protesta.
Las autoridades de la Ciudad de México están actuando de manera injusta. Al parecer tienen la instrucción de dar a los aliados justicia (bueno, no siempre) y gracia, pero impartir la ley a secas a quienes protestan contra el gobierno. O ni siquiera es la ley a secas, porque la ley no ordena que una mujer que protesta pacíficamente contra el gobierno deba ser acusada de homicidio calificado.