El presidente López Obrador ni siquiera hace un intento por ocultar el hecho de que sus acciones contra el Poder Judicial se nutren de una sed de venganza personal. Una y otra vez cuestiona a jueces, magistrados y ministros por sus fallos, pero no se preocupa siquiera por el hecho de que estas decisiones están fundamentadas en las leyes.
Este 25 de octubre, por ejemplo, se quejó de que hay “magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz afectando a la mayoría del pueblo de México y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y, además, está ahí emboscado, defendiendo solo intereses de minorías, corruptos. ¿No es corrupción eso?”
Pues no, no es corrupción que un magistrado falle a favor de una empresa extranjera: la ley es la misma para todos y protege a las empresas cuando son despojadas por el gobierno pese a haber actuado conforme a la ley. Tampoco es corrupción que una compañía cobre tarifas de luz por sus inversiones, al igual que lo hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El magistrado recibe un sueldo del erario para impartir justicia de acuerdo con las leyes y no para obedecer a un gobierno que viola la ley. Al asumir el cargo, el magistrado juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan; también el presidente, solo que ya lo olvidó.
Fuera de lugar
El ánimo de venganza del presidente queda más claro en una declaración suya de un día antes, el 24 de octubre. En su mañanera preguntó: ¿Por qué los ministros de la Suprema Corte “aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de Gobierno”? La simple pregunta revela no solo que su ánimo de venganza es añejo, sino que se fundamenta en ideas completamente alejadas de la realidad. Para empezar, los ministros no decretaron el desafuero de 2005 de López Obrador: lo hicieron los diputados, que son los únicos que tienen la facultad para ello. Un tribunal colegiado, efectivamente, votó dos a uno por declarar un desacato a un fallo judicial, pero el caso nunca llegó a la Suprema Corte. Además, el magistrado que votó en contra de la declaración de desacato, sí, el que apoyó la posición de AMLO, fue Alberto Pérez Dayán, hoy ministro de la SCJN; pero en lugar de agradecerle este voto, el presidente hoy lo ataca.
López Obrador dice que no es un hombre de venganzas, pero las agresiones contra la Suprema Corte no solo demuestran que sí lo es, sino también que sus rencores son añejos y mal enfocados. Cuestionar a la SCJN por un fallo de hace 18 años de un tribunal colegiado, cuyo único integrante en la Corte hoy votó en contra, es insensato. Por otra parte, la enorme mayoría de los fallos de jueces, magistrados y ministros de los que se queja están sólidamente sustentados en la ley.
La extinción de fideicomisos es un despropósito en una venganza contra los ministros. El presidente repite una y otra vez que esos instrumentos se utilizan para pagar lujos de los ministros, pero es una mentira que cualquiera puede verificar. Estos fideicomisos tienen muchos usos, con los que podrá uno estar de acuerdo o no, como apoyar las pensiones de empleados, jueces o magistrados, o construir salas para juicios orales, pero ninguno se usa para pagar lujos a los ministros.
Por eso la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y exministra, quien conoce bien los fondos, votó en contra. Ella sabe que la venganza del presidente está fuera de lugar.