El 11 de abril un grupo de marinos armados llegó a las instalaciones de una marina para yates y botes privados en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Cerraron con cadenas y candados el acceso de las 15 puertas a los muelles de la instalación manejada por un concesionario privado, IGY Marinas. Los pasajeros que llegaban de sus paseos en embarcaciones eran trasladados en lancha a otros puntos para bajar a tierra. A dueños y tripulaciones se les impedía el acceso a la instalación.
Muchos de los trabajadores de la marina y de las embarcaciones expresaron su preocupación. Llevaban años laborando ahí. Los marinos armados, sin embargo, no respondían sus preguntas acerca del operativo y del futuro de los yates. Seguramente no sabían.
La empresa IGY emitió un comunicado a sus clientes indicando que “hay una disputa activa entre IGY y las autoridades mexicanas acerca del control operativo de la Marina Cabo San Lucas”. La empresa informó que ningún pago por servicios realizado a personas que no fueran personal de IGY sería reconocido por los servicios de la marina.
Días después los marinos quitaron las cadenas y permitieron el acceso a dueños de embarcaciones, tripulaciones y pasajeros. Solo que quienes estaban operando las instalaciones no eran ya los empleados de IGY, sino personal de la Administradora del Sistema Portuario Nacional (Asipona). Trascendió que, como consecuencia de la desaparición de Fonatur, que había otorgado la concesión de operación de la instalación, la Secretaría de Marina (Semar) recibió instrucciones de tomar control de la marina.
Preocupa
No conozco las particularidades del caso, pero una cosa sí me queda clara: las diferencias debieron resolverse en tribunales. La Semar, sin embargo, no se anda por las ramas, no se le puede salir con el cuento de que la ley es la ley. Sus instrucciones fueron tomar la instalación con elementos armados y así lo hizo.
No es la primera vez, tristemente, que vemos acciones de este tipo en este sexenio. En mayo de 2023 el gobierno de la República publicó un decreto en el que declaraba de utilidad pública tres tramos de la empresa Ferrosur y ordenaba entregarlos a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una firma gubernamental. Ordenó, además, la “ocupación temporal inmediata” de estos tramos. La figura no existe en la ley, pero esto no fue obstáculo para que el gobierno mandara contingentes de marinos armados para tomar control de las vías férreas. La empresa propietaria de Ferrosur, Grupo México, se vio obligada a negociar en estas circunstancias la entrega de estos tramos que administraba bajo una concesión legal y que nadie ha cuestionado.
El gobierno también mandó un contingente de guardias nacionales en marzo de 2024 a tomar un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, manejado por una empresa de Grupo Salinas (aclaro interés: yo colaboro con TV Azteca, empresa de ese grupo). El gobierno dijo que se había vencido la concesión, pero el grupo mostró documentos que comprobaban que se había prorrogado en 2022 hasta 2027. En lugar de recurrir a tribunales para ventilar las diferencias, el gobierno mandó estos elementos armados para tomar el campo; y cuando un juez dictó una suspensión para mantener el estado previo de las cosas en tanto se dirimía el fondo del asunto, el gobierno simplemente la desacató.
Preocupa que este gobierno esté abandonando el uso de criterios legales para defender sus puntos de vista. Estos pueden ser legítimos, pero deben sostenerse en tribunales y al amparo de la ley, no enviando contingentes armados a tomar instalaciones productivas.