Me refiero como dimensiones de la seguridad a los ámbitos de responsabilidad y tutelaje que tienen la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Desde luego que sus intrínsecas y complejas relaciones conceptuales, jurídicas, institucionales y operativas propician que en situaciones como las que observa México desde hace décadas se yuxtapongan y, por consecuencia, generen ciertas confusiones —sobre todo conceptuales— en cuanto a sus ámbitos inmediatos a cumplir.
Como parte cíclica y natural del sistema político mexicano y su régimen presidencialista, el titular del Poder Ejecutivo en turno ejerce una sustancial ascendencia en la agenda del desarrollo del país, sus prioridades y la forma de lograr los objetivos.
Desde 1946, con Miguel Alemán Valdés, hasta 2018, con Andrés Manuel López Obrador, todos los presidentes, sin excepción alguna, han recurrido a las Fuerzas Armadas para tareas de auxilio, apoyo o de plano hacerlas responsables en tareas de seguridad pública.
Ahora que estamos en un extraño periodo de “no campañas” que se extenderá por casi un mes, dicho lapso ofrece la oportunidad para que los integrantes de los equipos de las aspirantes a la Presidencia de la República atiendan con seriedad el tema y alejados de improvisaciones, voluntarismos y ocurrencias aborden las agendas de las dimensiones de la seguridad con la relevancia que estas reclaman.
Desde los ambientes internacional, regional y nacional proceden las variables que van a condicionar y, por lo tanto, a influir en las dinámicas de las seguridades interior y pública. De ahí que deba considerarse el panorama de tensiones y conflictos que afectan la dinámica cotidiana de México, para estar en condiciones de sentar las bases de políticas y programas en los sectores de defensa, de seguridad e inteligencia. De ser esa la lógica a seguir, que además es lo aconsejable, las diferencias que pudieran darse desde las propuestas de cada una de las plataformas electorales presidenciales (y las locales también) tendrán muy pocas discrepancias en cuanto a la naturaleza de los bienes a custodiar, que son libertad, independencia, soberanía e integridad territorial de la nación.
Demanda
Las condiciones que se viven en cuanto al acecho de la criminalidad en varias partes del país exigen planteamientos con base en información verificada, propuestas viables, pero sobre todo que tengan como prioridad absoluta la atención a las víctimas y sus entornos familiares.
Esto para comenzar con el primer círculo de las dimensiones de la seguridad. Así podemos seguir con la primera prioridad de la seguridad interior y de la seguridad nacional. Desde luego que los tres círculos excéntricos se relacionan; por eso mismo, su tratamiento de ninguna manera puede ser parcial o segmentado.
Esa es probablemente la principal garantía metodológica y de formulación de políticas públicas que pueden contener las constantes improvisaciones desde ámbito civil, que tantos problemas han causado y que lejos de resolver, o al menos contener, han agravado las expresiones de violencia, como lo demuestran los datos del gobierno federal y de organismos multilaterales como las Naciones Unidas.
Lo he planteado en este espacio en varias ocasiones: los desafíos que implica en primera instancia la recuperación de la seguridad pública son la base y sustento del desarrollo del país. Sin atender de fondo la problemática que generan las actividades de la delincuencia común y el crimen organizado, las opciones para las personas, cualquiera que sea su actividad cotidiana, no podrán desarrollarse, afectando en cadena el clima de tranquilidad y certeza que requieren. Es una demanda extendida por el país.
Es deseable que se comprenda desde las campañas por la Presidencia de la República que para gobernar el país se requieren condiciones de estabilidad.