A 70 años de la legalización del voto a nivel federal y de los derechos políticos electorales de las mujeres en México, ¿qué logros ha alcanzado nuestra sociedad en su día a día? Pero aún más importante es preguntarnos: ¿qué temas están aún pendientes en esta agenda nacional de las mujeres?
Todavía a mediados del siglo pasado, solo los hombres podían acudir a las urnas a emitir su voto. Además, el derecho de acceder a una candidatura para contender por un puesto de elección popular también era un derecho exclusivo de los hombres.
Esa era la realidad de nuestro México, un país en el que únicamente el género masculino tenía voz y voto en la toma de decisiones en la vida pública.
Una lucha constante por la conquista de los derechos político electorales de las mujeres nos sitúa ahora en una realidad muy diferente; aún no es suficiente, pero es importante hacer un recuento de los logros para saber a dónde ir.
Vamos a la historia. En 1952 grupos organizados de mujeres presentaron al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines una petición formal para que se legalizara el voto de las mujeres.
Un año después, el 17 de octubre de 1953, es decir, hace seis décadas y media, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución que finalmente reconoció a todas las mexicanas el derecho a votar y también a ser candidatas para un puesto de elección popular.
Recuperando las palabras de Ruiz Cortines en su Primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre de 1953, destacó lo siguiente: “La mujer mexicana va a disfrutar ya de la plenitud de sus derechos políticos, pues la reforma constitucional aprobada por vuestra soberanía ha recibido también la aprobación total de las H. Legislaturas locales. Nos ha deparado el destino que acabemos de abrir la pesada puerta de los prejuicios y darle mayor intervención en el esfuerzo constructivo nacional. Toca a su inteligencia, a su patriotismo y a su cordura preservar, dignificar y engrandecer a la ciudadanía de que forma parte”.
Reto
Esta participación en la vida política de nuestro país, fue poco a poco ensanchando los derechos de las mujeres. En 1938 por primera vez una mujer tomó posesión como la primera presidenta municipal del país, y fue en Chilpancingo, Guerrero. En 1954 la primera mujer llegó a la Cámara de Diputados federal. En 1964 dos mujeres lograron ser senadoras de la República y una de ellas, María Lavalle Urbina, logró incluso ser la primera presidenta de ese recinto legislativo. En 1979 por primera vez una mujer, Griselda Álvarez, ganó en las urnas el cargo de gobernadora en Colima.
Posteriormente, en 1988, por primera vez una mujer, Rosario Ibarra, fue postulada como candidata para contender por la Presidencia de la República.
Actualmente México está dentro de los primeros diez países del mundo con más mujeres legisladoras, de acuerdo con registros de la Unión Interparlamentaria, que compila los datos de 192 Congresos de todo el planeta.
Sin embargo, la violencia política contra las mujeres sigue sucediendo en plenas campañas electorales de este año.
La Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres se publicó en la gaceta oficial de este país desde 2012. Ya pasó más de una década. Esta ley establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Es una ley que incluso ya incorporó en el Código Penal la tipificación del delito con sus respectivas agravantes.
¿Qué está pendiente? Basta de discursos y retórica para aplaudir, pero no defender los derechos políticos de las mujeres. No podemos permitir una jornada electoral que conjugue la participación política de las mujeres con la violencia. La legislación ya existe, el reto ahora es aplicar las leyes para democratizar los procesos electorales en favor de las mujeres de México.