“El profesor de Derecho de Harvard Jack Goldsmith ha manifestado su oposición a la expansión de los derechos humanos internacionales y la jurisdicción universal revelando en su libro The Terror Presidency (“El terror presidencial”) que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se refería a la posibilidad de una guerra jurídica emprendida contra funcionarios del gobierno de Bush Jr.
“La cuestión de la posibilidad de enjuiciamiento de este tipo de ‘guerra jurídica’ sigue sin resolverse en Italia y Alemania en el caso de los agentes de la CIA implicados en el secuestro internacional conocido como Rendición extraordinaria; y en España, ante el magistrado Garzón, de seis exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos de Bush, los abogados estadunidenses que crearon lo que The New York Times llamó ‘el marco legal para justificar la tortura de prisioneros en Guantánamo’.
“Un artículo de opinión en el Daily News afirma que Estados Unidos ya está lidiando con ‘una gran variedad’ de estratagemas de ‘guerra jurídica’. En Nueva York toda persona que informa de un evento como parte de la campaña de concienciación pública If You See Something, Say Something (‘Si Ves Algo, Di Algo’) está ‘protegida contra demandas frívolas’ por la ‘libertad de informar sobre actos de terrorismo’; y los periodistas y autores que informan sobre terrorismo están protegidos también contra demandas judiciales por la Ley de Protección por difamación de terrorismo.
“Se puede apreciar aquí claramente cómo inician con una acusación de ‘Intento de desestabilizar el Estado’ o ‘Daño a la honra de una persona’ para acusar; luego se valen de los medios estatales para afectar la visión pública del demandado; y finalmente justifican sus acusaciones como ‘victorias de la soberanía’”.
Uso en Iberoamérica
“El término se ha comenzado a usar en algunos países de América para describir un tipo de acción que combina la manipulación de las investigaciones y juicios penales —principalmente en supuestas causas de corrupción—, la detención de los acusados y los medios de comunicación y redes sociales con mensajes orientados a desprestigiar a opositores. En este sentido, una característica fundamental de la ‘guerra judicial’ sería el uso de acusaciones sin materialidad, incluyendo entre sus tácticas las siguientes:
∙ Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, con fines políticos.
∙ Enjuiciamiento sin mérito.
∙ Abuso del Derecho para dañar la reputación de un oponente.
∙ Promoción de demandas para desacreditar al oponente.
∙ Intentar influir en la opinión pública mediante el uso del Derecho para obtener publicidad negativa.
∙ Judicialización de la política: el Derecho como instrumento para conectar medios y fines políticos.
∙ Promoción de la decepción popular.
∙ Críticas a quienes utilizan el Derecho Internacional y los procedimientos judiciales para presentar reclamos contra el Estado.
∙ Uso de la ley como una forma de avergonzar al oponente.
∙ Bloquear y tomar represalias contra los intentos de los oponentes de utilizar los procedimientos y estándares legales disponibles para defender sus derechos.
“El concepto ha sido utilizado por gobernantes y exgobernantes latinoamericanos que fueron afectados recientemente por procedimientos judiciales, como Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil; Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; Rafael Correa en Ecuador; Fernando Lugo en Paraguay; Thelma Aldana en Guatemala; y Evo Morales en Bolivia (Wikipedia, ficha editada)”.