En esta ocasión toca hablar de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien aun cuando admitió en 2019 ante la FGR haber desviado recursos federales y haber entregado 190 millones de pesos a sus hermanos, a la fecha ni él ni sus secuaces están en la mira de la justicia.
Si bien se asegura que en este sexenio ya no hay impunidad, el caso de la Estafa Maestra es muestra de que la justicia solo ha sido selectiva con ciertos personajes incómodos.
Prueba de ello es el caso de Pedro de León, exdirector general de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en Sedesol, quien me dio su testimonio del calvario que ha pasado desde que se le acusó en 2020 de uso indebido de atribuciones y facultades y de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque logró que un juez lo exonerase por una de esas acusaciones, cuatro años después la FGR pide que vuelva a ser enjuiciado por ese mismo delito, pero en México eso es anticonstitucional.
Hay una segunda orden de aprehensión en su contra por un convenio con la Universidad Intercultural del Edomex, en el que sí aparece su firma, por 122 millones de pesos para levantar un millón de cédulas únicas de información, pero De León asegura que su firma fue falsificada por parte de gente de la Oficialía Mayor, es decir, de Emilio Zebadúa y sus cómplices.
No es cosa menor, puesto que hay subsecretarios, directores generales, más de seis en Sedesol, quejándose de la falsificación de sus firmas, igual que varios rectores; es decir, un modus operandi de Emilio, quien pese a todas las evidencias sigue libre y sin preocupaciones.
Una más de la exgacela
Y para no desviarnos del tema de la impunidad también quiero hablarles de la exgacela Almendra Ortiz, de quien ya les había contado sobre su desastrosa adjudicación directa de un contrato a la empresa Imedic, misma que nunca cumplió en la prestación del servicio de imágenes y por su culpa varios derechohabientes del ISSSTE hasta perdieron la vida.
No obstante lo anterior, sigue siendo la directora de Administración y Finanzas del ISSSTE y ahora le asignó de manera directa a los Laboratorios San Ángel el servicio de pruebas para laboratorio clínico, pero la empresa no ha entregado equipos ni insumos, dejando en el desamparo a derechohabientes de medicina familiar y hospitales generales.
Esto ya está afectando a la CDMX, Michoacán, Aguascalientes, Quintana Roo y Jalisco porque no les han entregado el equipo completo, lo cual deriva en cancelación de cirugías y reprogramación de citas. Así el servicio médico.
Estilo mata cartita
Para terminar, resulta que el Artículo 19 denuncia el allanamiento al domicilio y robo de material de trabajo contra tres periodistas en los últimos cinco meses. La agresión sucedió en Guerrero, la cuarta entidad con más agresiones contra la prensa. Una rayita más al tigre.