Si el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente.
Lord Acton
En una república el poder nunca debe concentrarse en manos de una sola persona. Por eso las democracias modernas cuentan con contrapesos. Los gobiernos que no los tienen se llaman dictaduras.
Durante las últimas décadas los mexicanos hemos creado una serie de instituciones que han servido de contrapesos al poder hegemónico que tenía el presidente en tiempos del viejo PRI. Entre ellas se cuentan el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que por primera vez gozó de real autonomía tras la reforma de 1994.
Sin embargo, hoy López Obrador quiere regresar a los tiempos en que todo el poder estaba en manos del presidente.
Hemos visto por un lado los esfuerzos de AMLO para debilitar al INE o incluso para destruirlo y entregar nuevamente la organización de las elecciones al gobierno, como ocurría en 1988, el año del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Manuel Bartlett era al mismo tiempo secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral. Más preocupantes todavía son los intentos por acabar con la autonomía del poder judicial y por poner a la SCJN otra vez a las órdenes del presidente.
López Obrador ha hecho todo lo que ha podido para debilitar a la Suprema Corte desde que su amigo y aliado político Arturo Zaldívar dejó la presidencia de la institución. Ha atacado constantemente a la nueva presidenta, Norma Piña, una juez de carrera, y a muchos ministros, magistrados y jueces. Despojó al Poder Judicial de los fideicomisos financieros que tenía para distintos propósitos, entre ellos el fortalecimiento de las pensiones. Ha amenazado con impulsar una reforma para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, con la idea de que la fuerza de su partido, Morena, es tan grande que le permitirá controlar el Poder Judicial como ahora hace con el Legislativo.
Reconstruir
En la Constitución se ha establecido un sistema para garantizar que la SCJN mantenga su independencia sin importar quién ocupe la Presidencia de la República. Los ministros, por ejemplo, deben ser electos en el Senado por una mayoría calificada de dos terceras partes a partir de una terna propuesta por el presidente. El problema es que si el Senado rechaza dos ternas consecutivas el Ejecutivo puede nombrar a quien se le antoje. Y eso es, al parecer, lo que busca López Obrador.
Para 2024 el presidente no solamente quiere hacer que los ministros sean electos por voto popular, con el fin de que sean tan cercanos como se pueda al partido en el poder: quiere también eliminar su inamovilidad, la cual impide que sean destituidos si sus fallos no gustan a los políticos más poderosos.
La Constitución dice también que los ministros no pueden renunciar a su cargo más que por razones graves, pero ya Zaldívar violó la Carta Magna al renunciar para unirse a la campaña electoral de la candidata del gobierno, sin siquiera señalar cuál era la causa grave.
Quiere el presidente también acabar con las pensiones de los ministros, que son una forma de proteger la autonomía de sus fallos.
Los objetivos del presidente son muy claros. Busca reconstruir esa presidencia imperial que tuvimos en el siglo XX. Quiere que el primer mandatario concentre nuevamente todo el poder, sin ningún contrapeso. Quizá no busque ya ese poder para sí mismo, porque su mandato terminará el año próximo, pero sí para su sucesora designada.