Los convulsos días, plagados de desafiante violencia generada por las organizaciones criminales en las principales ciudades de Ecuador durante la semana pasada, pusieron a la vista, por si hacía falta, el señalamiento respecto del enorme peligro que corren las sociedades, instituciones, autoridades y la misma democracia ante la inestabilidad propiciada por la delincuencia.
Al respecto no dejan lugar a dudas los reportajes, escenas, análisis y posicionamientos dados a conocer en los medios digitales y convencionales de comunicación a propósito de los hechos en ese importante país sudamericano.
Lo visto en las calles de Quito y Guayaquil no es la primera vez que se manifiesta en los países latinoamericanos, que como el nuestro enfrentan escenarios donde el desafío lanzado por las organizaciones criminales es lo más cercano a un conflicto armado. Evidentes técnicas de guerrilla urbana y rural, utilización de los medios digitales (las mal llamadas “redes sociales”) y medidas de difusión (lonas impresas), entre otros procedimientos, nos remiten a una negativa escalada en cuanto a la capacidad de organización delictiva.
El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo expresó en su alocución matutina del pasado miércoles 10, señalando cómo, por diversas razones, los pobladores de Petatlán, Guerrero, daban evidentes muestras de apoyo y cobertura a una organización criminal, impidiendo con ello la acción oportuna de las instituciones de seguridad federales.
Pero aún más: la intensa difusión, desde hace algunos años, de imágenes donde se observan decenas de vehículos transportando delincuentes, que circulan por municipios y rancherías haciendo gala con la exhibición de sus potentes armas, abona a ese clima de temor de la sociedad afectada.
Delincuentes
Desde otra realidad, el caso de Colombia, relacionado por cierto vía la complicidad de organizaciones criminales de ese país con las de Ecuador, tiene una larga y dramática historia de violencia vinculada sobre todo con el tráfico de drogas.
También mediante acciones simultáneas, colectivas y desafiantes las organizaciones criminales colombianas se enfrentan lo mismo a la Policía Nacional que a las Fuerzas Armadas de ese país. Incluso la perniciosa mezcla de guerrillas identificadas con ideología marxista, en su decadencia, disputa la producción y el tráfico de drogas a las organizaciones de narcotraficantes.
Ahora en Argentina, el nuevo presidente Javier Milei, dio a conocer el pasado lunes 8 un paquete de medidas jurídicas y decretos para que las fuerzas de seguridad civiles tengan acceso y puedan disponer de información, infraestructura y otros recursos para hacer frente a la delincuencia y al terrorismo. Incluso invocó la legal y manifiesta posibilidad de decretar la participación de las Fuerzas Armadas —por primera vez en la historia de ese país— en labores de contención y confrontación contra las organizaciones criminales.
Desde luego que el denominador común es evidente: el crecimiento exponencial de las actividades de las organizaciones criminales ha llegado a tal punto, que las Fuerzas Armadas, así como medidas jurídicas excepcionales, deben ser aplicadas.
El joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluso fue mucho más lejos al decretar el Estado de excepción, así como calificar de “narcoterroristas” a los criminales. Con ello las Fuerzas Armadas del país tienen y cuentan con toda la cobertura legal para actuar en defensa de la sociedad, las instituciones y la democracia.
La gran paradoja es que los enemigos de la democracia ni son de pertenencia ideológica ni atienden a intereses políticos: son, ni más ni menos, delincuentes.