No podemos tapar el sol con un dedo. Tanto los partidos del gobierno como los de la oposición están violando la ley electoral. La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que las precampañas electorales no pueden empezar antes de la tercera semana de noviembre de este año; las campañas deben iniciarse tres meses antes de la elección presidencial, esto es, en marzo de 2024. Sin embargo, estamos en julio de 2023 y las campañas ya están a todo lo que dan.
El presidente López Obrador no puede decir que no sabía. Él mismo impulsó las restricciones en la reforma electoral de 2007, con el apoyo del entonces senador Pablo Gómez. Así se limitaron los tiempos de campaña y se prohibió a los presidentes, gobernadores y otros funcionarios intervenir en los procesos electorales. AMLO se quejaba de las intervenciones de Vicente Fox en las elecciones de 2006, cuando este advirtió, por ejemplo, de los peligros del populismo o cuando señaló que no se debía cambiar de caballo en medio del río. López Obrador afirmó que estas declaraciones habían generado una competencia inequitativa.
Lo curioso es que, ya en la Presidencia, no solo ha desobedecido la legislación que él mismo impulsó, sino que ha multiplicado radicalmente el número de violaciones, tanto porque se ha dedicado a atacar a la oposición todos los días en su mañanera, como porque ha adelantado las precampañas al poner a sus corcholatas a competir abiertamente desde el pasado mes de junio, si no antes.
La magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, señala que no podemos actuar como si la ley no existiera. Se pudo cambiar la legislación en su momento, pero ahora ya es muy tarde. Ni los consejeros del INE ni los magistrados del TEPJF, sin embargo, han tenido el valor de frenar un proceso que ya ha comenzado, ni de sancionar a los partidos y descalificar a todos los aspirantes a la Presidencia, lo cual podría constituir un golpe contra la democracia, que es el bien jurídico superior que la legislación electoral debe tutelar.
Jugar con fuego
Quienes me han leído desde hace años saben que me opuse a la reforma electoral de 2007. Fueron muchas mis razones. Los legisladores y el gobierno decidieron que para ahorrar dinero confiscarían tiempos de radio y televisión, limitaron los tiempos de campaña, crearon las precampañas y restringieron la libertad de expresión de funcionarios y candidatos. Es cierto, como dice el presidente López Obrador, que las decisiones del INE y del TEPJF coartan su libertad de expresión, pero oculta que esto se debe a las reglas que él impulsó con Pablo Gómez en 2007.
Coincido con la magistrada Otálora. La responsabilidad de los árbitros electorales es hacer que se respete la ley. En el futuro debe haber una nueva reforma electoral que elimine las restricciones de las que López Obrador hoy justamente se queja. No se puede prohibir a los políticos hacer política; no se puede impedir a un gobernante defender sus acciones y políticas, así como no se puede prohibir a la oposición que critique las estrategias del gobierno.
Lo que no es aceptable, sin embargo, es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos empezando un proceso electoral en un momento en que la ley dice que no se puede, y lo estamos haciendo sin registros ni controles sobre los gastos, como hemos visto en el caso de los anuncios espectaculares. Un proceso sin reglas puede ser sumamente peligroso: puede, incluso, generar violencia. Estamos jugando con fuego.