Cuando el presidente Richard Nixon, como Donald Trump, también del Partido Republicano, en una conferencia de prensa el 18 de junio de 1971 declaraba la “guerra a las drogas” —es decir, a la producción, comercialización y consumo— no hacía otra cosa que concretar al más alto nivel el trabajo de 32 años ininterrumpidos de Harry Anslinger, primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos del Departamento del Tesoro.
Desde esa posición, hasta su retiro en 1962, Anslinger impulsó de manera decidida la prohibición de cualquier sustancia sicoactiva. A partir de entonces, y de manera progresiva, el tráfico de drogas en cualquiera de sus variantes (violencia, lavado de dinero, volumen de consumidores…) no ha hecho sino aumentar de manera exponencial.
Johann Hari, en una espléndida investigación titulada Tras el grito (ed. Paidós, 2015), documenta de manera detallada cómo las políticas prohibicionistas respecto del mercado estadunidense, impulsadas originalmente por Anslinger, tuvieron desde el principio evidentes intereses comerciales y, sobre todo, políticos.
En lo que hace a la decisión de Nixon, entre otros objetivos destacaban tres: controlar, asediar y, en dado caso, encarcelar a los dirigentes e integrantes de los movimientos de protesta de la época; es decir, los hippies, los veteranos de la guerra de Vietnam (en curso) y las reivindicaciones de los derechos civiles de la comunidad afroestadunidense.
Ahora como entonces la decisión de la Casa Blanca el 20 de febrero pasado para declarar a las estructuras criminales de narcotraficantes como “organizaciones terroristas internacionales” —seis mexicanas, una venezolana y otra salvadoreña— es un paso consistente para continuar en la llamada “guerra a las drogas”.
A esto debe agregarse el aún no autorizado por el Congreso cambio de denominación del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
Objetivo político
Sin lugar a dudas, nos encontramos en la ruta de una más de las polarizaciones contemporáneas, donde opciones como los enfoques sanitarios, sicoterapéuticos, preventivos para el uso y abuso en el consumo de drogas de todo tipo, programas de rehabilitación y reinserción en las políticas de salud en el gobierno de Trump están ausentes. O al menos no han sido reforzadas en los nueve meses de su segundo mandato.
Para el caso léase el perfil del actual jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, por ejemplo, negacionista para la aplicación de vacunas.
El desplazamiento del portaaviones más potente de la Armada de Estados Unidos y por lo tanto del mundo, el USS Gerald R. Ford, así como tres destructores, un aproximado de diez mil soldados de diversas armas y servicios en las aguas internacionales que limitan con el Caribe venezolano, tiene el mismo sentido y tendrá el mismo efecto que la decisión de Nixon.
Es decir, que esas espectaculares medidas militares muy poco o nada incidirán en la demanda en el consumo de las dosis de fentanilo, que se vende al menudeo en ciudades como Atlanta, Dallas o Chicago.
Como en 1971, la decisión implica un evidente objetivo político: provocar la caída de la dictadura de Nicolás Maduro, en este caso.
En efecto, además de ser muy polémicas las acciones militares estadunidenses en cuanto al Derecho internacional para atacar lanchas que sin demostrarlo se dice transportaban cargamentos de droga, ¿estos ataques tendrán un sensible efecto en la disminución del tráfico y consumo de drogas en el mercado más grande del mundo?
La creación de enemigos es una de las bases sustanciales para argumentar cualquier guerra. Como en su momento lo fue el comunista, luego el terrorista, ahora es el narcotraficante; el denominador común es su acechanza y conspiración para debilitar los intereses y sociedad de Estados Unidos.
Sin embargo, hay que explorar otras opciones para evitarlo.