México está jugando con fuego. En días recientes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos denunció que el SAT aplica prácticas fiscales sin transparencia, sin debido proceso y con reinterpretaciones retroactivas del IVA. En pocas palabras: que la autoridad fiscal mexicana se ha vuelto un riesgo para hacer negocios.
El diagnóstico no viene de opositores sino de quienes más invierten, producen y generan empleo. Empresas estadunidenses que aportan más de 47% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México y que mueven cada año más de 780 mil millones de dólares en comercio bilateral advierten que la arbitrariedad fiscal está minando la confianza. Y el reclamo no podría llegar en peor momento para la economía mexicana; justo cuando ya empieza a mostrar claras señales de una desaceleración sostenida.
Lo que empezó como una estrategia de “mayor recaudación” ya se convirtió en un problema de credibilidad. La US Chamber of Commerce advierte que las sanciones del SAT carecen de criterios claros y que los procesos de auditoría parecen diseñados más para exprimir ingresos que para aplicar justicia fiscal. Y ahora el riesgo trasciende fronteras: puede poner en jaque al TMEC.
Tanto así, que la Business Roundtable, que agrupa a más de 200 CEOs de gigantes como Apple, GM, FedEx y JP Morgan, emitió una alerta pública: las reformas judiciales y regulatorias mexicanas —junto con la politización del sistema judicial— amenazan la estabilidad jurídica del TMEC. Advirtieron que la eliminación o debilitamiento de mecanismos de solución de controversias dejaría a los inversionistas sin herramientas para defenderse frente a decisiones arbitrarias del Estado mexicano. En otras palabras: si México deja de ser predecible, dejará también de ser confiable.
Arbitrariedad
Y lo más grave es la contradicción. ¿Cómo puede el gobierno hablar de “certeza fiscal” o de “combate a la evasión” cuando permitió, frente a sus narices, uno de los mayores fraudes del sexenio? El llamado huachicol fiscal, un esquema de contrabando técnico de combustibles y empresas fantasma nunca antes visto en nuestro país. Un desfalco monumental orquestado con complicidad de funcionarios y que sigue sin llevar a los responsables de alto nivel ante la justicia.
A eso se suman las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. La respuesta del gobierno fue la de siempre: descalificar. Pedirle a Washington que “presente pruebas”, como si el Tesoro tuviera que hacerle la tarea.
No se puede hablar de soberanía mientras se destruye la certidumbre, ni de justicia mientras se normaliza la arbitrariedad. Recaudar no puede ser sinónimo de reventar. Y si el gobierno mexicano no lo entiende, el mundo ya lo está entendiendo… a la perfección.