Hablar de justicia con perspectiva de género implica reconocer que la igualdad no se logra con discursos sino con decisiones judiciales que cambian vidas. Mónica Güicho, exmagistrada federal originaria de Culiacán, Sinaloa, conoce de primera mano ese desafío. Durante su paso por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde presidió la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, impulsó criterios que colocan a las personas en el centro de la justicia. Además, fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un antecedente que subraya el alcance de su trayectoria.
Egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, con maestría en Derecho Público y estudios doctorales en Derecho Constitucional Económico, Mónica ha trabajado durante años para que la ley se interprete con empatía y sin sesgos. “Desde 2011, con la Reforma de Protección de los Derechos Humanos al artículo 1 constitucional, la justicia con perspectiva de género cobra relevancia porque busca que nadie sufra discriminación por razón de sexo o género”, explica.
Aclara que este enfoque ha sido malinterpretado como una justicia exclusiva para mujeres, cuando en realidad “favorece a todas y a todos”.
“Las mujeres efectivamente, quienes han sido el colectivo históricamente más discriminado, no deben sufrir discriminación por esta razón y esta metodología de juzgar con perspectiva de género favorece a todas y a todos. Ahora tenemos nuevos modelos de masculinidades y familias monoparentales en los que el hombre no debe ser discriminado por la razón de ser hombre”, señala.
El objetivo, dice, es equilibrar. “Empezamos con las mujeres definitivamente, pero genera beneficios para todas y todos, sobre todo también para las personas de la diversidad sexual que han sufrido este tipo de padecimientos en juicio y los genera en un plano de desventaja. Entonces tratamos de compensar la ecuación y elevar a todos a un plano de igualdad”.
Responsabilidad del Estado
Durante su trayectoria judicial, Mónica conoció casos que evidencian la necesidad de aplicar este enfoque. Uno de ellos ocurrió en Tamaulipas, en 2011, cuando un trabajador fue desaparecido de su centro laboral. Años después, su esposa presentó una demanda laboral reclamando prestaciones básicas, como el aguinaldo y vacaciones no pagadas. “La autoridad contestó: ‘simple ama de casa con quien yo no tengo una relación laboral’, y esa parte a mí me generó por lo menos sospecha —relata—. El tratamiento del caso no era de tipo protector. Pero esa es justamente la obligación que tenemos las personas juzgadoras: analizar el entorno, ordenar pruebas y revelar lo oculto”.
La revisión del expediente permitió identificar una familia afectada, una mujer en situación de vulnerabilidad y un menor de edad desprotegido. “Nos dimos cuenta de la interseccionalidad: teníamos víctimas no solo de discriminación por razón de género, sino también de violaciones al derecho a la familia y a una vida digna”.
La sentencia reconoció la responsabilidad del Estado y ordenó indemnizar a la familia, con medidas que garantizan la no repetición. “Aplicamos el principio pro persona y recurrimos a figuras del derecho comparado, como la acción de tutela efectiva utilizada en Colombia —explica—, que sustituye la obligación del Estado de garantizar justicia y seguridad cuando un trabajador es víctima de desaparición forzada”.
Casos como este muestran cómo una mirada con perspectiva de género puede modificar el rumbo de la justicia. “La sociedad requiere servidoras y servidores públicos más profesionales, altamente capacitados y también sensibles”, concluye Güicho.
En un país donde la violencia y la desigualdad siguen siendo parte del panorama cotidiano, juzgar con perspectiva de género no es solo una técnica jurídica: es una forma de hacer justicia real.