Saludé a Nancy Núñez en el marco de su primer informe de gobierno ante vecinas y vecinos de Azcapotzalco, Ciudad de México. ¿Cómo se está construyendo el proyecto de gobierno en una demarcación de casi medio millón de habitantes?
Desde el inicio, la alcaldesa colocó el énfasis en la cercanía con la gente: “Hemos establecido una comunicación permanente y directa entre la alcaldía y cada una de las 111 colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales”.
Detrás de ese número está la pregunta clave: ¿cómo se traduce esa presencia en políticas que toquen la vida cotidiana de las mujeres, de las cuidadoras, de las juventudes, de quienes viven violencia?
Una de esas respuestas se concretó en una política específica: el Programa Violeta. En el informe se presentó como un eje para enfrentar la violencia contra las mujeres desde la institucionalidad local: “Diseñamos el Programa Violeta para la eliminación de las violencias contra las mujeres; de esta manera capacitamos a más de 140 personas servidoras públicas en temas de perspectiva de género y contra el acoso y hostigamiento sexual, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México”. En una alcaldía con alta densidad poblacional, que el funcionariado se capacite en acoso y hostigamiento no es un gesto simbólico: es un paso necesario para que la atención a las mujeres sea más profesional y cercana.
El enfoque de género también se desplazó hacia los cuerpos de seguridad, tradicionalmente masculinizados. La alcaldesa lo sintetizó así: “Capacitamos a 200 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Auxiliar en temas de derechos humanos, perspectiva de género, nuevas masculinidades, seguridad ciudadana y uso de la fuerza”.
Hablar de nuevas masculinidades en el contexto de la seguridad pública no es un lujo discursivo: implica intentar modificar la forma en que se mira a las víctimas de violencia, a las denunciantes y a quienes en general viven violencia en sus colonias.
Ruta
Otro rasgo del informe fue llevar la atención a los espacios donde transcurre la vida diaria. En el corazón comercial de la demarcación se apostó por una estrategia directa. “Instalamos Brigadas Violeta de Atención en los 19 mercados públicos y 17 tianguis, donde se ofreció atención e información a más de once mil personas”.
En la ruta de trabajo de Núñez también es una prioridad cuidar a quienes cuidan a las personas vulnerables de cientos de familias: “Como parte del Sistema de Cuidados, pusimos en marcha el programa Mujeres cuidadoras: tú cuidas, Azcapo te cuida 2025, beneficiando a 300 mujeres dedicadas al cuidado de un familiar directo que padece alguna discapacidad”. De esta manera se equilibran tiempo, cansancio y sobrecarga de trabajo no remunerado.
La prevención de la violencia se planteó también en las escuelas y con las juventudes. “Atendimos a más de cinco mil jóvenes a través del programa Juventudes y Bienestar sin Violencia en instituciones educativas. Creamos el Programa Preliminar de Derechos Humanos y Cultura de la Paz Azcapotzalco 2024-2027 capacitando a más de mil personas, entre servidores públicos, cuerpos de seguridad, estudiantes, docentes y población en general”. Si la violencia contra las mujeres se quiere prevenir y no solo atender, el trabajo con jóvenes y comunidades educativas resulta clave.
La diversidad sexual también tuvo un espacio explícito. En un contexto nacional donde la violencia contra personas LGBTTTIQ+ persiste, escuchar esto desde un gobierno local no es menor: “Somos un gobierno que reivindica los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, impulsamos la creación de espacios inclusivos; además, se realizó la Tercera Marcha de la Diversidad Chintolola junto con más de mil 500 personas e instituciones”. La agenda de las mujeres y la agenda LGBTTTIQ+ se cruzan cuando se habla de derecho al espacio público sin miedo.
Ante miles de vecinos, Nancy Núñez dibujó un Azcapotzalco que trabaja por colocar la agenda de las mujeres, la seguridad y los cuidados en el centro de la conversación pública. Los programas, las cifras y las decisiones presentadas en este primer año permiten hacer algo que la ciudadanía exige cada vez más: evaluar a los gobiernos no solo por lo que dicen, sino por cómo, dónde y con qué recursos atienden la vida de las mujeres.