No solo me refiero a las casi dos mil 100 elecciones que se desarrollarán en México, incluyendo en primer lugar a las presidenciales, sino también a las que ya se llevan a cabo en Estados Unidos: como sabemos, cada doce años coinciden los procesos electorales en ambos países, como ahora, y cada vez más —producto de la dinámica internacional y de intereses globales— se influyen de manera recíproca.
Con el paso de los años, en este siglo XXI el tema del narcotráfico y las Organizaciones Criminales Complejas mexicanas (OCC) desempeñan un papel cada vez más relevante, tanto en la generación de violencia y muerte como tema de las campañas electorales, sea cual fuera el nivel del cargo en disputa.
La reciente detención y presentación de Ovidio Guzmán ante la Corte Federal de EU, en la ciudad de Chicago, y por lo tanto del inicio del juicio, indica de manera notable los rendimientos electorales que para el aún precandidato demócrata y presidente de ese país, Joseph Biden, dejará ante el electorado, ya sea el ubicado en los estados fronterizos con México o el que radica en las grandes ciudades donde se consume el mortal fentanilo. Lo cierto es que dará una muestra fehaciente de que “algo está haciendo” contra tan grave problema.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. La historia demuestra sin excepción que la detención, procesamiento, sentencia o abatimiento de los grandes cabecillas de las OCC, sean de México o de Colombia, por ejemplo, muy poco hacen —quizá solo de manera momentánea— para disminuir la producción y tráfico de drogas, no así la violencia que se agudiza por la feroz disputa del control de la en ese momento estructura criminal sin cabecilla.
Ahora, por supuesto, no será diferente. Sobre todo porque la estructura criminal de donde procede el detenido hijo de Joaquín Guzmán es de las más estables en la historia de las empresas criminales de México, con el agregado de que los principales responsables son sus hermanos y cada uno asume un rol específico dentro de la organización.
Escalada
Por lo que hace a las autoridades de EU, anunciaron desde Washington que este es solo el inicio de las actividades agresivas y que estas aumentarán en el territorio mexicano en los siguientes meses.
Este grave, delicado y por supuesto electoral posicionamiento fue hecho en la ciudad de San José, en California, el miércoles 20 por un vocero del Departamento de Seguridad de la Patria, al respaldar a su vez el documento del Departamento de Estado para la puesta en marcha de la “estrategia para combatir los opioides ilícitos”.
Resulta evidente que las actividades de los agentes estadunidenses comisionados en México deberán darse con la autorización del gobierno mexicano, además de observar nuestras leyes, así como cumplir con los acuerdos y protocolos de cooperación binacional en la intensa lucha contra el narcotráfico.
En EU el intenso y casi descontrolado consumo de fentanilo se explica desde ese país por las alianzas criminales con los productores de los insumos en China y transportados a las costas del Pacífico mexicano para ser introducidos en zonas serranas y remotas donde se fabrican millones de tabletas que son transportadas para ser vendidas al menudeo en más de 150 ciudades norteamericanas.
Esta versión, muy extendida y popular entre los candidatos del Partido Republicano a distintos cargos, ha servido para exacerbar, al menos desde enero de este año, el siempre latente y anhelado escenario de una invasión militar a México.
Por ello en los siguientes meses veremos una escalada en las propuestas para hacerle frente al narcotráfico procedente de nuestro país desde las posturas más extravagantes, pero a la vez más peligrosas.