El expresidente Andrés Manuel López Obrador presumió una y otra vez que acabó con la corrupción durante su gobierno. El 31 de agosto de 2019, apenas en su primer año, declaró: “Puedo sacar hasta mi pañuelito blanco para decir ya no hay corrupción arriba”. El 29 de abril de 2020 descartó las críticas que se hacían al régimen con la frase: “Hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros, y de toda la llamada clase política, porque ya no hay corrupción”. El 11 de marzo de 2021 dijo: “Ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas”.
Estos son solo algunos ejemplos. La afirmación de AMLO de que había puesto fin a la corrupción fue una de las más repetidas en un sexenio que inauguró las conferencias de prensa diarias. El pañuelito blanco salía a relucir con frecuencia como prueba de que había quedado atrás. El presidente no quiso darse cuenta de que al parecer su pañuelito blanco estaba manchado.
Hoy, sin embargo, tenemos otros datos. No los ofrece la oposición, siempre tan atacada por el expresidente, sino las propias autoridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos presenciando un caso inédito: una investigación por contrabando de combustibles, gasolina y diésel, que ha llevado a la aprehensión de tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas.
Uno de los detenidos es Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante. Su hermano Fernando, contraalmirante, se encuentra prófugo de la justicia. Los dos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda.
El pasado 29 de marzo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de diez millones de litros de diésel en Altamira y del barco en Tampico en el cual fueron introducidos ilegalmente a México. El 29 de junio fueron asegurados otros dos millones de litros de combustible ilegal en Saltillo. El 8 de julio el decomiso fue de 15.4 millones de litros en dos operaciones, una en Saltillo y la otra en Ramos Arizpe. En los primeros días de septiembre se ejecutaron 14 órdenes de aprehensión, aunque continúan los esfuerzos por encontrar a algunos que todavía siguen prófugos.
Verdades incómodas
El expresidente López Obrador, quien como líder de la oposición se opuso a la militarización de la policía federal que trataron de hacer previamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cambió de posición ya en el gobierno e impulsó decididamente la entrega de las responsabilidades de policía a las Fuerzas Armadas. Su argumento era que los policías civiles se corrompían, como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Las detenciones hoy de altos mandos de la Marina sugieren que nadie está exento de la tentación.
Hay que reconocerles a la presidenta Sheinbaum, al secretario García Harfuch y al nuevo secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, la firmeza con la que han perseguido este caso. No hubo un intento de ocultar lo sucedido ni de pretender que la corrupción no escaló a los niveles más altos de mando en el sexenio de López Obrador. Es verdad que el gobierno ha decidido proteger tanto al expresidente como a su secretario de Marina, el almirante Ojeda, y los ha exonerado antes de cualquier pesquisa.
La investigación, sin embargo, revela ya verdades incómodas para la Cuarta Transformación. La más importante es que entregar las aduanas y la policía federal a las Fuerzas Armadas no es una solución mágica contra la corrupción.