En sentido estricto no hay un tiempo señalado por las actividades políticas y de gobierno para la aplicación de medidas que procuren preservar la integridad física del individuo, de las personas, de sus patrimonios y garantizar el pleno ejercicio de sus actividades cotidianas. Estas tres variables son en su observancia base, sustento y objetivo de cualquier democracia sustentada en las leyes y funcionamiento de la administración pública.
Por el contrario, las fallas acumuladas, las prácticas y delitos cometidos por criminales comunes y estructuras organizadas, así como la inacción —por cualquiera que sea la explicación— de parte de las autoridades debilita sí, por supuesto, la confianza de la población en general; pero también y quizá más dañino sea el hecho de la afectación a la confianza respecto de la oportunidad y funcionalidad de la democracia en su conjunto.
Es decir, que la relación calidad de la seguridad pública = a calidad de la democracia es incuestionable en los sistemas sociales y políticos que tienen como base las libertades individuales y, por tanto, ciudadanas.
Como sabemos, hemos entrado de lleno al proceso electoral por la Presidencia de la República. Definidas las dos principales candidaturas, por primera vez en la historia de México con dos mujeres a la cabeza, en lo sucesivo seguirán perfilándose los cientos de cargos que el domingo 2 de junio del siguiente año estarán a disposición de la votación ciudadana.
Sin embargo, y como se apuntó en el primer párrafo a riesgo de ser una afirmación absoluta: las condiciones y opciones para mejorar la calidad de la seguridad pública en el país serán parte central y determinante de la oferta que candidatas y candidatos ofrezcan.
Amenazas
La gravedad y deterioro de la paz pública en varias partes de México están fuera de discusión. Las amenazas estructurales al Estado mexicano de ninguna manera son objeto de especulaciones o matices; el tratamiento, en este sentido, de lo que sucede en México ha sido analizado y clasificado de distintas maneras, pero lo cierto es que la pendiente de violencia, tomando como base los datos proporcionados por el gobierno federal y las autoridades locales, va en sistemático aumento. De ahí que las inminentes campañas electorales se encuentran condicionadas en su parte medular, en las propuestas específicas y, sobre todo, viables, para contener y revertir el citado deterioro.
Hay que deponer las apreciaciones subjetivas sobre lo que se entiende como la realidad para promocionar el voto en uno u otro sentido, pues estas deben ser sustituidas por la objetividad, pertinencia, viabilidad y articulación de medidas encaminadas a rectificar lo que hasta ahora se ha hecho por el desfalleciente gobierno federal y los anteriores. No hay margen para posposiciones o pretextos, ni menos aún para propuestas espectaculares que poco o nada tienen que ver con las acuciantes demandas de la población. La reingeniería jurídica e institucional es apremiante.
En comprensible y natural la euforia que despiertan las candidaturas presidenciales en una u otra formación, pero desde luego, como cualquier otra emoción, su duración es breve. La cuestión radica en tener la capacidad de conducir dichas expresiones hacia la creación/diseño de medidas encaminadas, en este caso, a garantizar las integridades de las personas, sus patrimonios y actividades cotidianas.
De lo contrario, como sociedad, seguiremos bordando en el vacío, en la inexistente ruta de un país soñado, pero por completo alejado de la realidad. Tengamos cuidado de jugar con las casi agotadas expectativas y esperanzas.