Desde la sustracción del mundialmente conocido como El Mayo Zambada del territorio mexicano y su traslado a Texas, el 25 de julio del año pasado, se han sucedido una larga serie de enfrentamientos mortales entre delincuentes en Sinaloa (sobre todo, pero no únicamente), así como acontecimientos políticos, diplomáticos y declaraciones de diversos actores políticos, documentos y posicionamientos gubernamentales e incluso declaraciones de los presidentes de México y Estados Unidos.
Este sencillo listado nos da una idea de la profundidad y consecuencias que tiene la parte medular de este proceso: lo que el mismo Ismael Zambada García confesará durante el juicio y lo que se irá dando a conocer con base en sus argumentos y testimonios.
El primer efecto ha sido el serio distanciamiento entre algunas agencias de inteligencia y seguridad civiles de México y Estados Unidos. La razón, como lo sabemos, es que las contrapartes de ese país no informan todavía —al menos de manera oficial— sobre la manera en que se organizó y ejecutó el plan para sustraer a Zambada y a Joaquín Guzmán López (uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera).
De hecho, en varias ocasiones tanto el gobierno federal anterior como el actual expresaron la necesidad de que los detalles de la sustracción de ambos delincuentes sean compartidos.
Pero Estados Unidos sigue sin hacerlo; y por supuesto que no lo hará, porque es la manera en que procede cuando lleva a cabo una operación encubierta (su denominación técnica para ese tipo de acciones).
Continuidad
En segundo lugar, se encuentran los efectos hacia el interior de la política de seguridad nacional y las repercusiones en la comunidad civil de seguridad e inteligencia de EU. De lo muy poco que se sabe de la sustracción de julio de 2024, por ejemplo, es que la Administración de Control de Drogas (DEA) no participó en la planeación ni en la ejecución de dicha operación. Se señala como principal responsable a la menos conocida Agencia de Seguridad Nacional, adscrita también al Departamento de Seguridad de la Patria, que agrupa a 17 agencias de inteligencia y seguridad de ese país. Caben varias interpretaciones sobre este dato.
Considerando que la sustracción de Zambada y Guzmán López se realizó en las postrimerías del gobierno del entonces presidente Joseph Biden, se puede concluir sin dificultad la continuidad de las políticas y programas antinarcóticos de la Casa Blanca, sin importar qué partido político y/o persona la ocupe. Y eso a pesar de los despidos masivos a todos los niveles de la burocracia que Donald Trump ha hecho en las sensibles áreas de seguridad e inteligencia, aquí sí, civiles y militares.
No tardaremos en ver los resultados de lo que los analistas de ese país consideran no solo precipitado, sino abiertamente dañino para la comunidad de ese sustancial sector del poder hegemónico estadunidense.
En tercer lugar, y en estricto sentido cronológico, observamos ahora las repercusiones en la política doméstica mexicana. Desde la audiencia inicial de Zambada, la difusión de su primera carta y hasta lo trascendido en la segunda misiva del pasado 25 de agosto, las especulaciones, pero sobre todo las afirmaciones contenidas en ambas comparecencias tienen efectos; por ejemplo, el señalamiento de que tenía 50 años dedicado al tráfico de drogas.
Se dice fácil, pero es medio siglo en actividades calificadas por el Departamento de Estado de EU desde el 20 de febrero como terroristas, lo que abre una perspectiva sumamente peligrosa en el ámbito judicial para quienes hayan sido sus cómplices en ambos países. Ya veremos.