La militarización de las fuerzas de seguridad pública ha sido un debate profundo en México desde hace años. Hay argumentos válidos e intensos a ambos lados de la discusión, pero pienso que es importante escucharlos todos con respeto.
El presidente Felipe Calderón empezó los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y las policías en diciembre de 2006, en Michoacán, luego de una petición de apoyo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, pero en realidad el uso de los militares para labores de seguridad pública venía de atrás. El 6 de noviembre de 1984, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se llevó a cabo la intervención del ejército en el rancho El Búfalo, de Rafael Caro Quintero, el mayor campo de marihuana registrado en la historia.
En 2010 el entonces secretario de la Defensa, Guillermo Galván, afirmaba que el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles sería “un signo de debilidad y dejaría a la sociedad mexicana en la indefensión”. El presidente Calderón afirmaba que “los resultados de nuestros análisis estratégicos nos persuaden de que en el mediano plazo es inviable el retiro de tropas”.
Siempre hubo puntos de vista contrarios. En el mismo 2010 Andrés Manuel López Obrador afirmó que Benito Juárez “sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor. Nos debe servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Que no se utilice para suplir las carencias de los gobiernos civiles”.
No es lo mismo
En 2012 la entonces joven activista de izquierda Citlalli Hernández afirmó: “Si AMLO fuera presidente retiraría el ejército en seis meses de la calle. PRI y PAN se oponen… ¿en qué país viven, eh?” En 2013 López Obrador señaló: “Es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear”.
Mario Delgado, cuando era senador, argumentó, ante el intento del presidente Enrique Peña Nieto de promulgar una Ley de Seguridad Interior que militarizaba la Policía Federal, que estas iniciativas “representan una amenaza para la democracia. Y son, sin duda, una violación de los derechos humanos, porque alimentan la espiral de violencia en la que estamos”.
El entonces también senador Manuel Bartlett se pronunció contra “esa necedad de meter al ejército donde no debe estar y poner en riesgo al país”.
Alejandro Encinas argumentó en 2017 que “la mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización en las tareas de seguridad pública también. No queremos una guerra sucia en 2018. No queremos al ejército en la vida política de la nación”.
¿Quién tiene razón? Las dos posiciones cuentan con algún mérito, pero lo interesante es ver cómo han cambiado con el tiempo. El presidente López Obrador, quien antes se oponía a la militarización, hoy la apoya y afirma que colocar a la Guardia Nacional (GN) bajo la línea de mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es un mandato del pueblo. Este 19 de abril declaró que en septiembre de 2024 enmendará la Constitución para lograrlo. Los morenistas, que obedecen cualquier instrucción del presidente, han cambiado de opinión junto con él.
Quizás asombre que quienes antes se oponían a la militarización hoy la apoyan, pero así es la política. Los principios no son lo más importante, sino lo que consigue más votos. Por otra parte, la experiencia nos dice que no es lo mismo ser oposición que gobierno. Y hoy AMLO es presidente.