Dos de los principales problemas en la sensible materia de seguridad pública para que tanto el Estado como la democracia funcionen son la improvisación de funcionarios y, por lo tanto, el desconocimiento a fondo de la situación.
Es decir, que en medio de ese difuso entorno lo más probable, tal y como sucede desde hace décadas, es que emerjan la ocurrencia, el oportunismo, las inconsistencias en la programación de las metas y, por último, como resultado la insatisfacción de la sociedad, tanto en lo local como en lo nacional.
Sabemos que vamos hacia los procesos electorales más concurridos de la historia en la democracia mexicana, tanto por el número de ciudadanos convocados como por la cantidad de posiciones que serán puestas a la selección del electorado.
Quizá sea un tanto aventurada la siguiente afirmación: todas las plataformas electorales que se van a registrar para competir por el voto popular, sea para regidurías, alcaldías, Congresos locales, gubernaturas, diputaciones federales, senadurías o Presidencia de la República, contarán con un apartado específico de propuestas en materia de seguridad pública.
Con esa certeza es que los electores debemos analizar con detenimiento tanto las propuestas como la viabilidad de las mismas y el diagnóstico del cual parten.
En las décadas recientes hemos leído y escuchado auténticos disparates, compromisos inalcanzables, así como argumentos más cercanos al delirio que a la sensatez. El resultado para el conjunto del sistema político es muy delicado: el desánimo y frustración de la sociedad. Es decir, en un sentido de absoluto realismo no hay ganadores, ni siquiera quienes hayan obtenido el triunfo en las urnas, dado que la tendencia de agudización de la violencia, como sabemos, sigue su pendiente.
Articulación sustancial
Ahora de nueva cuenta tenemos la oportunidad de construir opciones viables, sustentadas en información seria y validada que permita a los candidatos plantear opciones posibles de aplicación, sujetas a evaluación y, dado el caso, realizar las correcciones pertinentes.
La complejidad de las diversas agendas que confluyen en la seguridad pública conduce, sin lugar a dudas, a fortalecer o debilitar, por una parte, la confianza ciudadana en el Estado y la ley; y, por la otra, también a fortalecer o debilitar el sentido práctico de la utilidad de la democracia para hacer de la paz y la vida cotidiana apacible la normalidad anhelada.
En esas condiciones el margen para la improvisación en materia de programas y políticas en seguridad pública es muy reducido, e incluso inviable. Desde ahora, cuando faltan meses para el registro de las plataformas electorales en todos los ámbitos de la competencia, estas deben articularse mediante grupos de trabajo en la materia para contar con propuestas sujetas a la comparación; por supuesto, al debate; pero sobre todo a un serio análisis a profundidad de la posibilidad de ser aplicadas.
De otra manera vamos a persistir en la equivocada ruta de la generalización, tanto a nivel geográfico como argumentativo, con los resultados consabidos.
Municipios y estados de la República cuentan con una buena oportunidad de hacer prevalecer de la mejor manera qué y cómo deben hacer para recuperar la seguridad pública. Otro tanto, pero con una visión más amplia en cuanto a responsabilidades, deberá hacerse desde el promontorio del poder federal en el siguiente sexenio. Es una suma de ganar-ganar, uno de los fundamentos, por cierto, de la articulación sustancial de la democracia como forma de gobierno.