La noticia recorrió el mundo con la velocidad habitual de los récords: una obra de Frida Kahlo alcanzó una cifra histórica en una subasta internacional. El resultado no solo marcó un hito dentro de su propio mercado, sino que estableció un nuevo máximo para una artista mujer y para cualquier creador latinoamericano. Pero detrás del entusiasmo y de las ínfulas nacionalistas surge una pregunta más incómoda: ¿por qué una venta de esta magnitud solo puede ocurrir fuera de México?
No se trata únicamente de que los compradores capaces de pagar esas cifras sean, en su mayoría, coleccionistas internacionales, sino de un problema más profundo. Un resultado así no es producto del azar: requiere un sistema que propicie la competencia entre compradores, una presencia sostenida en circuitos internacionales de legitimación y una narrativa capaz de convertir la obra en objeto de deseo, además de un marco legal que no limite su circulación natural.
Uno de los factores determinantes en este caso es la legislación mexicana de patrimonio artístico. En términos generales, esta ley protege la obra de ciertos artistas considerados fundamentales para la identidad cultural del país, restringiendo su salida del territorio nacional y condicionando así su comercialización. El objetivo declarado es comprensible: preservar la memoria, evitar la fuga del patrimonio y garantizar que ciertas piezas permanezcan bajo resguardo nacional para las generaciones futuras.
Sin embargo, esta protección también tiene otro tipo de consecuencias. El resultado extraordinario de la obra de Frida se explica, en parte, porque se trataba de una pieza que ya se encontraba fuera de México. De haber estado dentro, su circulación habría sido limitada, y con ello también su exposición a un mercado internacional competitivo. En términos simples: menos postores, menos tensión, menor valor alcanzado. Aquí surge la paradoja: la ley protege, pero también encierra. Contiene, pero no necesariamente impulsa.
Vale la pena detenerse entonces en una pregunta distinta: ¿es pertinente una ley de esta naturaleza tal como opera hoy? No tanto por sus objetivos –legítimos en su formulación–, sino por lo que produce y, sobre todo, por lo que no activa. Más allá del discurso nacionalista, la protección patrimonial no suele venir acompañada de una estrategia activa para generar valor simbólico y económico. Se protege la obra, pero no se impulsa su circulación crítica, su presencia internacional ni su vínculo con el público actual.
Los precios extraordinarios –como en el caso de Frida Kahlo– o los mercados inertes –como ocurre con otros artistas igualmente protegidos– dependen menos del marco legal que de la construcción sostenida de una narrativa, de una mitología y de un deseo colectivo. Todos estos casos apuntan a una misma conclusión: la ley, por sí sola, no determina el valor de una obra. No lo garantiza, pero tampoco lo anula. Sin estrategias de activación simbólica, sin una narrativa que lo inserte en el presente, el patrimonio corre el riesgo de convertirse en un archivo respetado pero anquilosado.
Basta observar cómo en México aparecen en subasta verdaderas joyas del arte nacional –algunas de ellas patrimoniales, de enorme calidad, relevancia histórica y potencia estética– que simplemente no encuentran comprador o se venden a precios notoriamente bajos. Y es que el mercado que podría sostenerlas es pequeño, poco estimulado y escasamente educado.
La pregunta entonces se vuelve inevitable: si el Estado decide limitar la movilidad y el mercado natural de estas obras, ¿por qué no acompañar esa restricción con políticas activas que generen valor? Educación, adquisiciones por parte de instituciones públicas, estímulos, préstamos internacionales, exposiciones estratégicas, publicaciones, construcción de relato. Lejos de anular el deseo, los límites, si están bien gestionados, podrían intensificarlo a través de la escasez, la exclusividad y la relevancia simbólica.
Más allá de la polémica sobre si la ley de protección del patrimonio es adecuada o no –porque el hecho es que existe y no desaparecerá–, el problema de fondo es otro: en México, la protección legal no ha venido acompañada de una política cultural consistente orientada a generar valor simbólico y económico alrededor de sus artistas y sus obras.
Casos como las ventas estratosféricas de Frida Kahlo y, en contraposición, la falta de mercado de otros artistas protegidos, sugieren que el valor de un artista no está dado, sino que se construye.