Se trata de tres ordenamientos jurídicos auspiciados por las Naciones Unidas, a los que México se sumó el 25 de diciembre de 2003. De entonces a la fecha los recursos jurídicos multilaterales han sido abundantes, pero poco efectivos, como señalé en la anterior entrega a propósito de la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, en junio de 1971.
Enfocados en hacerle frente al tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de activos, los Protocolos de Palermo retoman uno de los principales obstáculos para que de manera consistente se puedan —al menos— reducir las capacidades destructivas y corrosivas del crimen organizado.
En su fundamental y breve obra ¿Qué es la mafia? (FCE), Gaetano Mosca plantea desde aquella época, en los inicios del siglo XX, que para que las actividades del crimen organizado puedan perpetrarse debe haber cierto tipo de presencia del poder político local. Se refiere a tres variantes: omisión, miedo o complicidad. Al final estas mismas condiciones llevan a impunidad, corrupción y deterioro del sistema social.
La situación que viene observando nuestro país desde hace décadas en cuanto a los sucesivos gobiernos municipales, estatales y federales para hacerle frente a la criminalidad organizada y común, ha demostrado que las condiciones a las que alude el profesor Mosca son una realidad.
El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como las justificadas expresiones de condena y protestas, vuelven a dejar en claro que los éxitos para devolver la seguridad pública en varias partes del país de ninguna manera se lograrán de manera aislada, voluntarista e improvisada.
Correcciones
Casos como el del municipio de Uruapan, desafortunadamente, hay varios en la memoria de nuestro país.
La visibilidad de este tipo de acciones reclama una sistemática evaluación y corrección en los programas y políticas de seguridad. La forma abierta y provocadora que han alcanzado los integrantes de las bandas criminales ya no deja espacio para utilizar más tiempo y recursos.
Señalar que la democracia mexicana se encuentra bajo presión por la ola criminal es una obviedad, pero por ello mismo exige la pronta y efectiva respuesta del gobierno de la República. Si bien ya se anunció la puesta en marcha de un programa especial para el estado de Michoacán, de nueva cuenta se persiste en la longeva respuesta fundamentada en la reacción. Como en anteriores y dramáticos casos, debe acontecer una verdadera tragedia para entonces revisar y ajustar el programa de seguridad aplicado en un determinado municipio o región de México.
Sin duda, el desafío es el más grande que enfrenta el gobierno federal. Más aún con la perspectiva del Mundial de Futbol, los comicios intermedios y los procesos electorales en varios estados de la República.
Por eso es muy relevante no solo la contención, sino la auténtica recuperación de la seguridad y tranquilidad no únicamente en Michoacán, sino también en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato y Guerrero, entre los casos graves más sobresalientes.
Por último, las investigaciones en torno del magnicidio deben ser ágiles y contundentes, es decir, convincentes. Tanto el móvil como la organización detrás del crimen tienen que ser aclarados, por el bien de la sociedad y gobiernos de México, además de que el nuevo plan de seguridad pública para Michoacán funcione a la brevedad.