Es una muy inusitada colección de reformas constitucionales. El presidente juntó iniciativas que transformarían de manera radical el Estado mexicano, como la que propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular o la que eliminaría los legisladores de representación popular, con otras que son de una superficialidad asombrosa, como la prohibición de vapeadores.
Las iniciativas son tan abigarradas y la técnica jurídica tan deficiente, que parecería que el propio presidente hizo la redacción principal con escasa o pésima asesoría de sus consejeros jurídicos.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ha señalado que algunas llegaron sin el obligatorio cálculo de impacto presupuestario o con referencias a artículos inexistentes.
Otras crean “derechos”, como los servicios médicos gratuitos o la vivienda para los trabajadores, que ya existen en la Constitución, pero que nunca se han logrado en nuestro país.
En algunos casos las iniciativas son muy distintas a las que había prometido el presidente. En las mañaneras dijo, por ejemplo, que descartaría las reformas del sistema de pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, las cuales crearon las cuentas individuales de Afores, con el fin de que las pensiones pagaran 100% del último empleo cotizado. Pero en las iniciativas lo único que hace es tratar de fortalecer los montos finales con subsidios gubernamentales y pagar 100%, pero con tope de 17 mil pesos al mes. Propuso crear un “fondo semilla” —aunque siempre se ha opuesto a fondos y fideicomisos— con 64 mil millones de pesos, pero esa cantidad es nimia ante unos fondos de pensiones que en el primer semestre de 2023 alcanzaron los 5.5 billones de pesos.
Además, ni siquiera esos 64 mil millones de pesos están garantizados. El dinero se obtendría del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la extinción de la Financiera Rural, de la venta de inmuebles de Fonatur y de la eliminación de órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados. Son todos ingresos de una sola vez y que no se tienen todavía. Por si fuera poco, el fideicomiso recibiría 25% de las “utilidades” de las empresas del Ejército y la Marina, pero más que ganancias el AIFA, el Tren Maya y la nueva Mexicana de Aviación militar están teniendo pérdidas enormes.
Proyecto
En el fondo poco importan las cifras o los problemas de las iniciativas. El presidente sabe que no tiene mayoría calificada en el Congreso para su aprobación. Dice que no importa, que puede esperar a la próxima Legislatura, que surgirá de las elecciones del 2 de junio y empezará sesiones el 1 de septiembre. Asegura que ya entonces tendrá esa mayoría que le permita cambiar a discreción la Constitución.
Pero su objetivo real parece muy distinto. Aunque la ley electoral le prohíbe meterse en las campañas, puede dedicar todo el tiempo que quiera a promover sus propuestas de reforma. Ya su candidata, Claudia Sheinbaum, ha declarado que su “proyecto de nación” tendrá como base las iniciativas del presidente, lo cual es muy cómodo.
El mandatario utilizará sus mañaneras para promover sus reformas, las cuales, coincidentemente, son también el proyecto de nación de la candidata. Con esto asegura la posibilidad de participar directamente en la campaña, pero también de garantizar que el próximo gobierno seguirá el rumbo que él ha definido de antemano.
No son reformas disparatadas, tienen una causa muy clara.