En México hablar de justicia sigue siendo hablar de un derecho pendiente para millones de personas, especialmente para las mujeres. Aunque las leyes han avanzado, la realidad nos muestra que la justicia tarda y muchas veces no llega.
Hoy más que nunca necesitamos una justicia que entienda las desigualdades, que escuche y que actúe con perspectiva de género. Una justicia que no solo esté escrita, sino que se viva en cada juzgado, en cada fiscalía, en cada sentencia.
De ello conversé con la magistrada Zulema Mosri, presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
“Me alegra tener la oportunidad de platicar temas tan relevantes, como lo es la obligación de las autoridades de aplicar la perspectiva de género”, asevera al inicio de nuestra conversación.
Con 35 años de trayectoria en el servicio público, licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, con maestría en Gestión Pública Aplicada y doctora en Derecho por la UNAM, Mosri fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el reciente proceso electoral judicial y es fundadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJA.
Para ella la agenda pendiente es amplia. “Todavía tenemos muchos desafíos. Afortunadamente ya se ha despejado el camino para que otras mujeres puedan recorrerlo con mayor facilidad, pero no libre de violencia, no libre de obstáculos. Y, bueno, efectivamente el tema ahorita es que, por supuesto, quienes lleguen sean las verdaderas representantes de esa agenda de género, que está pendiente de instrumentar y de consolidar”.
Y añade con claridad: “¿Cuál es la agenda de género? Garantizar la prevención de la violencia hacia las mujeres. Prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios. Investigar las desapariciones de mujeres. Sancionar las múltiples violencias que viven las mujeres. Incorporar también la extorsión sexual, el sistema nacional de cuidados, un sistema de salud gratuito y efectivo para las mujeres, educación también para las mujeres, política tributaria con perspectiva de género… Tantos desafíos. Y esto es lo que tenemos que trabajar para consolidar”, afirma.
Visibilizar
La obligación de las autoridades es clara, considera Mosri. “Precisamente esta es la obligación que tenemos todas las autoridades y en particular quienes impartimos justicia: incorporar la perspectiva de género. Y todo esto viene desde 2010, cuando empezamos a unirnos y firmar este pacto para introducir la perspectiva de género. Debemos garantizar que cuando un asunto llegue a la mano de una persona juzgadora, esta se ponga lentes de aumento, porque la perspectiva de género implica visibilizar, identificar situaciones que a simple vista no se ven. Ahí está el desafío permanente, constante”, dice.
Ejemplos no faltan. La magistrada recuerda el caso conocido como Las muertas de Juárez: “Fue en 2009 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en ese caso, precisamente por reproducir estereotipos. Y todavía se dan casos en los que no se aplica la perspectiva de género. De hecho, hay estudios que dicen que somos fábricas de injusticias los órganos jurisdiccionales”, asegura.
Los avances existen, pero también las deudas. “Hemos avanzado, definitivamente. Ha habido cuentas de estas sentencias. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer, porque la exigencia es constante, es permanente, de estar alertas para identificar estos casos, para no dejar impunes estas violencias y realmente resolver de fondo los asuntos”.
La clave, insiste, es que la perspectiva de género ya no es una opción, sino un mandato: “Ya es una obligación constitucional que todas las autoridades apliquen la perspectiva de género e inclusive está ya establecido en la Constitución desde el pasado 15 de noviembre de 2024”, puntualiza Mosri.
La justicia con perspectiva de género no es solo un ideal, sino un derecho exigible. Y mientras persistan las violencias y la revictimización, la exigencia de una justicia cercana, efectiva y con conciencia seguirá siendo impostergable.