Una de las decisiones que siempre me han parecido más correctas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la de ya no dar tratos preferenciales a algunas empresas. De hecho, el mandatario mandó una iniciativa al Congreso en 2019, aceptada por todos los grupos políticos, para colocar en la Constitución una prohibición a las condonaciones de impuestos. “Que quede establecido que está prohibido que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que antes se cometían”, dijo. El presidente, incluso, calificó las condonaciones de impuestos como un “huachicol blanco”.
Las condonaciones, efectivamente, han sido ya prohibidas en el artículo 28 constitucional. Además de las condonaciones, el artículo 28 de la Constitución también excluye “las prohibiciones a título de protección a la industria”. La filosofía del artículo 28 es eminentemente liberal: busca que todos los participantes en el mercado puedan competir en condiciones de igualdad.
Por eso inquieta que ahora el presidente se quiera echar para atrás de una manera muy peculiar. El Diario Oficial de la Federación publicó el 11 de octubre un decreto que otorga tratos fiscales preferenciales a las inversiones de empresas en ramos como alimentos, fertilizantes, agroquímicos, farmacéuticos, motores de gasolinas, híbridos y de combustibles alternativos, baterías y accesorios para instalaciones eléctricas, equipo y aparatos de uso médico, obras cinematográficas y audiovisuales.
Beneficiarias
El nuevo decreto publicado por el Ejecutivo, sin embargo, establece una serie de deducciones aceleradas para “las compañías que buscan optimizar sus operaciones mediante la estrategia del nearshoring”. Las beneficiarias serán, en principio, empresas multinacionales importantes con capacidad exportadora.
Es claro que las reducciones a los impuestos y las deducciones aceleradas generan incentivos para la inversión productiva. Pero si lo que queremos es promover un mayor crecimiento para la economía en su conjunto, y no solo para unas cuantas grandes empresas, hay que dar un mejor trato a todas las empresas. Las grandes compañías, de hecho, cuentan con fuertes contingentes de contadores y abogados que las ayudan a enfrentar los problemas generados por las altas cargas fiscales y burocráticas. Las pequeñas y las micros son las que realmente sufren con estas barreras.
Una de las reglas fundamentales de una economía liberal es que se deben aplicar las mismas reglas a todas las personas y a todas las empresas. No es justo favorecer a unos cuantos. La igualdad ante la ley genera certidumbre jurídica y económica y permite que, efectivamente, sean los más capaces los que salen adelante en el mercado.
Lo que quiere hacer el gobierno mexicano ahora tiene una lógica corporativista. Se ha hecho en China y otros países, que han creado zonas económicas especiales, con impuestos menores y regulaciones más laxas para favorecer a las empresas multinacionales. No hay duda del impacto que tienen en una economía las inversiones de estos grandes consorcios.
Pero no es justo dar estos tratos de preferencia solo a las grandes multinacionales. La prosperidad de un país no se fundamenta nada más en las grandes corporaciones. Las empresas pequeñas y medianas son las que generan más empleos. Dar un trato de privilegio a las empresas más ricas, mientras se mantienen los obstáculos para las pequeñas, es una política injusta, que no ayuda a la creación de una prosperidad incluyente.