Fue un año decepcionante en muchos aspectos. La Secretaría de Hacienda pronosticó que la economía nacional crecería 2.5%, pero estamos cerrando 2025 con apenas 0.3%, y eso después de seis años con una expansión promedio de solo 0.9% anual.
La creación de empleos formales ha sido muy baja. México debería producir un millón de nuevos puestos de trabajo al año para absorber a las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral, pero en los doce meses concluidos en noviembre de 2025 se generaron solo 194 mil. Esta cifra, sin embargo, no nos cuenta toda la historia. Por lo menos 130 mil son conductores y repartidores de servicios de plataformas digitales, como Uber, que ya tenían empleos formales, aunque clasificados como independientes, pero a los que ahora se les ha obligado a ingresar al Seguro Social.
La inversión fija, que nos dice qué tanto crecerá la economía en el futuro, ha estado disminuyendo desde julio de 2024. En septiembre de 2025, última cifra oficial disponible, la caída fue de 8.5% anual. Se acabó el torbellino de inversión pública de fin del gobierno de López Obrador, que usó todo el dinero disponible para construir sus proyectos personales, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo peor es que no hay forma de que alguno pueda recuperar la inversión. El gobierno hace pactos públicos con los directivos de las mayores empresas y anuncia cifras astronómicas de inversión, pero pocos proyectos se concretan. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre y en este ambiente no puede salir adelante la inversión privada, la única que genera prosperidad.
Obstáculos
Hay muchas razones para la incertidumbre. La abrupta centralización del poder político es la razón principal. Inquietan en particular las reformas al Poder Judicial. A iniciativa del expresidente López Obrador se ha acabado con la independencia de jueces, magistrados y ministros. La elección judicial de 2025, además, entregó cargos de juzgadores a un ejército de abogados sin experiencia en los tribunales, lo cual se ha hecho evidente en sus decisiones.
El gobierno también ha debilitado el juicio de amparo como instrumento para defenderse de los abusos de autoridad, particularmente en casos fiscales. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene ahora facultades para decidir por sí mismo cuánto cobrar de impuesto, sin importar lo que diga la ley y sin que los contribuyentes tengan recurso. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede congelar las cuentas bancarias de quien quiera y cuando desee, aunque no se cumplan los requisitos que establece la legislación. La desaparición práctica del juicio de amparo en temas fiscales deja sin derechos a los contribuyentes, ya sean personas físicas o empresas.
México no va a desaparecer. El país sobrevivió a los desatinos y abusos de presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo, pero es claro que el gobierno crea obstáculos para que la economía nacional crezca.
El pasado 23 de diciembre se dio a conocer que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, tuvo un crecimiento de 4.3% en el tercer trimestre de 2025, el mayor en dos años. Los analistas ya calculan que la Unión Americana podría cerrar 2025 con una expansión de 2.5%. Esto es ocho veces más que el previsto 0.3% de México, a pesar de que la economía estadunidense ya es madura y debería crecer menos que una economía en desarrollo como la nuestra.