La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadunidenses no marca el final del problema venezolano. Marca algo mucho más relevante y perturbador: el regreso explícito de la fuerza como lenguaje central de la política hemisférica de Washington.
Cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos “va a administrar Venezuela” hasta que haya una transición “segura y adecuada” no estaba improvisando: estaba enviando un mensaje calculado a toda América Latina —y, en particular, a México.
Venezuela no es el destino final de esta historia. Es el punto de partida.
Trump no habló como un mediador ni como un garante democrático. Habló como un administrador provisional de territorio ajeno. En su propio discurso reivindicó lo que llamó la “Doctrina Donroe”, una reinterpretación personalista de la Doctrina Monroe, despojada de cualquier pretensión defensiva o multilateral. No como principio de contención, sino como instrumento activo de control, castigo y reordenamiento geopolítico.
Una versión descarnada, unilateral y mercantil de la hegemonía estadunidense, donde la soberanía es condicional y la legitimidad se subordina a la estabilidad inmediata y a los intereses estratégicos de Washington.
Ilegitimidad
El problema es que la caída de un dictador no equivale a la caída de un régimen. Y menos aún a la construcción de una democracia.
La salida de Maduro deja a Venezuela atrapada en una trampa de legitimidad. No hay sucesión constitucional operativa, no hay instituciones reconocidas y no hay autoridad capaz de gobernar sin cuestionamientos. Delcy Rodríguez controla de facto el aparato estatal, pero hereda el pecado original del chavismo: la ilegitimidad.
Aquí surge la primera gran tensión con Washington. Mientras una parte de la comunidad internacional insiste en que la única ancla legítima es el resultado electoral de 2024 —que dio la victoria a Edmundo González, con María Corina Machado como liderazgo político—, la Casa Blanca parece más interesada en la gobernabilidad inmediata que en la restitución democrática plena.
Esto se debe a que imponer de inmediato al liderazgo opositor no es tan sencillo como parece. Luego de 25 años de politización y captura institucional Venezuela carece de un sistema capaz de absorber un traspaso brusco de poder. Las fuerzas armadas siguen siendo el árbitro real. Ignorar ese hecho no acelera la transición; la pone en riesgo. Por eso Washington tolera —sin legitimar— una continuidad administrativa mínima.
Frentes
Sin embargo, el verdadero riesgo no es solo el abuso de poder estadunidense: es la ausencia de un plan político sostenible después del golpe inicial.
La historia lo demuestra: no es la intervención lo que define el resultado, sino el día después. Una transición parcial que preserve redes criminales puede derivar en un limbo prolongado de desestabilización. O una escalada que arrastre a Estados Unidos a un compromiso indefinido.
Y hay otro frente decisivo: el económico. Quien controle los ingresos petroleros controlará la política venezolana. Si esos recursos se desvían externamente, la soberanía será simbólica. Sin reconstrucción económica, no hay gobernabilidad posible y Venezuela seguirá siendo un Estado fallido con elecciones formales.
En paralelo, Trump dejó claro que esto no es solo Venezuela. En la misma narrativa donde celebró la operación, lanzó advertencias a México y Colombia. Habló de cárteles, de soberanía erosionada y de gobiernos incapaces de ejercer control territorial. En el caso mexicano fue más lejos: reiteró que el país está “dirigido por los cárteles” y que “algo tendrá que hacerse”.
Precedente
Esta no es una retórica nueva ni producto del momento venezolano. Trump ha sido consistentemente explícito al presentar a los cárteles mexicanos no solo como organizaciones criminales, sino como actores que disputan soberanía al Estado.
Desde su primer mandato habló abiertamente de emplear fuerza directa contra ellos y tras designarlos como organizaciones terroristas parece cada vez más dispuesto a tirar del gatillo. Y hoy Venezuela funciona como una demostración de capacidad y voluntad.
A su vez, el expediente judicial contra Maduro no es ajeno a México. Menciona explícitamente al país 19 veces. Detalla vínculos con el Cártel de Sinaloa, rutas compartidas, lavado de dinero y cooperación criminal transnacional.
Al designar al Cártel de los Soles como organización terrorista y sancionarla por apoyar a grupos mexicanos, Washington traza una línea peligrosa: cuando el crimen organizado se fusiona con el Estado deja de ser un problema interno y se convierte en amenaza de seguridad regional. Ese precedente importa. Porque lo que hoy se aplica a Venezuela puede mañana aplicarse a otros países bajo la misma lógica.
El problema es que lo que para muchos fue apenas una coartada en Venezuela —el combate al narcotráfico como justificación moral de una operación con claros intereses energéticos y geopolíticos—, en el caso de México puede no ser un simple recurso retórico, ni un pretexto conveniente, sino una realidad estructural que debilita al Estado y condiciona su margen de soberanía. Aquí el narcotráfico sí es el verdadero talón de Aquiles del Estado… y Trump lo sabe.
Desafío
México debe observar todo esto con atención. La revisión del TMEC se acerca y el “garrote” venezolano ya está sobre la mesa. La “zanahoria” comercial vendrá después. La pregunta no es si habrá presión, sino hasta dónde llegará y con qué consecuencias internas.
Venezuela, en este sentido, no es un caso aislado. Es quizás un ensayo general. Estados Unidos vuelve a hablar en términos de fuerza, control y resultados.
Para América Latina el desafío no es celebrar ni condenar el método, sino entender el momento. Porque cuando la soberanía se vacía desde dentro, otros deciden llenarla.
Y esa, quizás, es la advertencia más incómoda de todas.