Es pura venganza. Considere usted la redacción del decreto que estableció un área natural protegida en el campo de golf Las Parotas de Tangolunda en Huatulco, Oaxaca. Después de argumentar las supuestas razones ecológicas que llevaban a la creación de esta área, el apartado V del artículo sexto prohibía “realizar actividades de golf” en ese lugar.
Es la primera vez en mi vida que veo una prohibición de realizar una actividad deportiva en un área natural protegida. Esto confirma que, lejos de ser un decreto para proteger el ambiente, en una zona en la que ya hay dos áreas naturales protegidas que están abandonadas, sin recursos, convertidas parcialmente en basureros, el verdadero propósito del decreto es destruir un campo de golf, el único en Huatulco y Oaxaca, por una venganza contra Ricardo Salinas Pliego (aclaro interés: soy colaborador de TV Azteca, una empresa de Grupo Salinas, desde 1993).
Lo peor es que la venganza a quien menos afecta es al empresario. Este puede tomar un helicóptero y jugar en el campo que quiera en cualquier momento. Lo que sí hace la medida es acabar con un campo de golf de clase mundial, que costó millones de pesos construir y mantener, y que constituía hasta hace unos días un atractivo turístico importante en la zona. Era el único campo de golf en Huatulco, o más bien en toda Oaxaca.
Las principales víctimas del decreto son los trabajadores, alrededor de 30, que quedarán sin empleo y sin posibilidad de proteger a sus familias.
Salinas ha tenido una relación de amistad desde hace mucho tiempo con el presidente López Obrador, pero esta empezó a deteriorarse con sus críticas a los nuevos libros de texto y a la “nueva escuela mexicana”. El tema ha llegado a terrenos más peligrosos con una serie de litigios fiscales que vienen de lejos.
Tema de fondo
Desde el sexenio de Vicente Fox empezaron a surgir diferencias entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las empresas de Grupo Salinas. El SAT se negaba a reconocer las deducciones de los años con pérdidas fiscales, a pesar de que la ley lo permite. Las disputas se hicieron más fuertes a partir de 2013, cuando se modificó la legislación sobre consolidación fiscal para limitar la posibilidad de consolidar pérdidas fiscales de distintas empresas de un mismo grupo.
Grupo Salinas, al igual que todas las empresas del país, ajustó sus prácticas a esta nueva realidad jurídica; pero el SAT ordenó que las nuevas reglas se aplicaran de manera retroactiva a las empresas de Grupo Salinas, violando el principio jurídico de que las leyes no deben ejercerse sobre eventos anteriores a su promulgación.
La nueva actitud del gobierno queda de manifiesto en la manera en que ha venido elevando el monto de la disputa. Primero hablaba de 15 mil, 20 mil o 25 mil millones de pesos. El 15 de marzo pasado el SAT dio a conocer que la cantidad era ya de 30 mil millones de pesos. Cinco días después, al día siguiente de que Salinas Pliego difundió un video en el que explicaba la situación fiscal de sus empresas y expresaba críticas a la transparencia en el gasto gubernamental, la presunta deuda se incrementó a 63 mil millones de pesos. Sí, más que se duplicó en cinco días. Por mucho, la mayor parte de este monto astronómico son recargos.
El tema de fondo es si realmente son legales los cobros iniciales por deducciones fiscales no reconocidas por el SAT y por la aplicación retroactiva de los cambios en la legislación de consolidación fiscal. Es una decisión que deben tomar los jueces, magistrados y ministros con libertad, sin presiones del gobierno ni de nadie más.
Los impuestos no se deberían cobrar o aumentar simplemente por venganza.