Nos encontramos ante la intensificación de las contiendas electorales rumbo a 2024, por lo que resulta indispensable analizar la importancia del ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres en México en pleno siglo XXI.
Un tema en particular debe ser enunciado una y otra vez hasta que logremos que se convierta en un asunto de urgente y obvia resolución: la violencia política contra las mujeres.
Para empezar, debemos entender que el problema de la violencia de género es multidimensional. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, uno de los dilemas más visibles es que se inhibe la participación de las mujeres en los procesos electorales; sin embargo, uno de los focos rojos más graves es que una vez que las mujeres logran acceder a los cargos públicos se evita que puedan desempeñarlos de manera libre. El objetivo, básicamente, es disuadir a otras mujeres de participar en la vida política de su país y de ejercer sus derechos político-electorales.
Para entender dónde nos encontramos es importante hacer algo de historia. Recordemos que fue la reforma constitucional de Paridad en Todo, en 2019, la que logró modificaciones y adiciones a diversas leyes, entre las que destacan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y la Ley General de Partidos Políticos.
Dichas reformas posicionaron a México a la vanguardia en la creación de mecanismos y andamiajes jurídicos para garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres. De hecho, nuestro país fue el segundo en América Latina en tipificar la “violencia política contra las mujeres en razón de género”, solo después de Bolivia.
Prioritario
Recordemos que la violencia política contra las mujeres por razón de género en los procesos electorales no solo alcanza a precandidatas y candidatas: debemos atender y brindar protección a todas las mujeres que están alrededor de los procesos electorales y que también son alcanzadas por este tipo de violencia. Me refiero a representantes generales, representantes de casilla, personas promotoras del voto en las campañas, incluso representantes ante órganos electorales.
El reto es enorme y debemos estar como país a la altura de las circunstancias.
No basta con tener legislación progresista, disposiciones jurídicas acordes a la exigencia de la realidad que vivimos, sino que es prioritario también que sociedad y autoridades puedan interiorizar y conocer estas normas para poder adoptarlas y convertirlas en realidad.
Seamos contundentes: la violencia política debe ser inhibida rumbo a las próximas elecciones de 2024, las más grandes en la historia de nuestro país.
Un ambiente de violencia política contra las mujeres generalizado durante las contiendas electorales solo abonará a perpetuar las prácticas y las políticas discriminatorias.