La violencia ordenada por un juez de lo familiar contra una menor de edad es inaudita. Esto ocurrió el 31 de mayo pasado, cuando Ana Martínez, de 13 años, estaba de vacaciones con su padre, Jorge Martínez Bolívar, en Acapulco.
Al llegar al condominio Torreblanca, en Puerto Marqués, alrededor de las 19:00 horas, se les cerró una camioneta blanca, con agentes armados y a gritos les ordenaron que bajaran de su auto.
Aseguraban tener un mandato judicial, pero en ningún momento se identificaron. “Mi hija Ana y yo estábamos aterrados; todo el tiempo estuvieron pateando y golpeando los cristales; gritando que venían de parte del juez 5 de Oralidad de la CDMX y que se iban a llevar a mi hija”, me relata Jorge en entrevista.
Luego de varias horas de gritos y atropellos, a las 00:15 de la noche los agentes sacaron sus armas y las accionaron. “Reventaron los cristales de mi camioneta, lesionándonos a mí y a mi hija en la cara, brazos, manos y cuello. Con su blusita destrozada y ensangrentada, a mi hija de 13 años la arrastraron hasta la camioneta de estos agentes (FGR), subiéndola a la fuerza, con lujo de violencia y contra su voluntad”.
Abusos
El juez ordenó que la niña fuese entregada a su madre, Bibiana Solórzano, pese a que ella no quiere debido a los abusos cometidos durante el tiempo que pasó con esa persona.
“Solicito de manera urgente me puedan ayudar en este asunto tan delicado, por tratarse de una menor de edad y mujer. En este caso la velocidad de respuesta de este tema es lo que puede salvar a mi hija”, me refiere Jorge, desesperado.