Los casos de los gobernadores Duarte, César de Chihuahua y Javier de Veracruz, vuelven a colocar el tema de la ineficiencia y la falta de probidad de los gobernadores en el centro de la discusión política nacional.
Los gobiernos de los Duarte dejaron sin recursos a sus sucesores. Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua, ha pedido el apoyo de la Secretaría de Hacienda federal para obtener un préstamo por dos mil millones de pesos que le permitan enfrentar los pagos que tienen que hacer de aquí a fin de año. En el caso de Veracruz, el gobernador interino Flavino Ríos ha solicitado once mil millones de pesos, pero no en préstamo, sino en un subsidio para cubrir los gastos en el último mes de gobierno.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha señalado que el gobierno federal sí puede ayudar a un gobierno a obtener un préstamo, pero no regalar once mil millones de pesos de los contribuyentes federales al gobierno veracruzano.
Lo que más inquieta, sin embargo, es la facilidad con la que un gobernador en funciones puede tomar decisiones que abiertamente llevan a su estado a la quiebra. En el caso de Veracruz desde hace años se sabía que el gobierno estaba incurriendo en un peligroso y persistente déficit de gasto. Cuando llegaban recursos del gobierno federal, el estatal los encauzaba a los propósitos que quería y no a aquellos para los que estaban etiquetados.
Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, ha reconocido que estas medidas constituían un desvío de recursos, aun en el supuesto de que no se hayan sustraído fondos. Esto podría llevar a la presentación de acusaciones penales contra el gobernador con licencia Duarte y contra el propio Gómez Pelegrín, quien admite que debió haberse negado a avalar las disposiciones ordenadas por Duarte.
Inaceptable
A Javier Duarte se le han presentado ya acusaciones penales, aunque esto no ha ocurrido en el caso de César. Pero independientemente de que haya habido o no desfalcos, lo que sí es evidente es que estos gobernadores, como otros en distintas entidades en el pasado, han hecho un daño enorme a los estados que gobernaron aun cuando no hubiesen robado un centavo del erario.
Estamos viendo una situación en la cual los gobernadores en funciones tienen un incentivo perverso para incrementar el gasto en su sexenio y endeudarse de manera irresponsable con la idea de que los pagos se los dejarán a los gobernadores subsecuentes.
Necesitamos cambiar los incentivos perversos que generan estas situaciones. Una de las formas es garantizar la transparencia tanto del gasto como del déficit y la deuda pública. Lo lamentable tanto en Chihuahua como en Veracruz es el hecho de que el público no se haya enterado de lo que estaba ocurriendo sino hasta que fue demasiado tarde. No solo es necesario abrir más la información del gasto gubernamental, sino que debemos tener órganos de auditoría y fiscalización que sean realmente independientes y den a conocer la voz de alarma cuando un gobernador mantiene políticas financieras irresponsables.
Yo no sé si uno o los dos Duarte se robaron dinero del erario. Eso lo tendrán que determinar las autoridades, que ya han presentado acusaciones en contra del veracruzano, pero no del chihuahuense. Pero aun cuando no haya sustracciones de fondos públicos, el simple hecho de que se apliquen políticas que llevan a un endeudamiento exagerado es inaceptable. A veces hace más daño la irresponsabilidad que la deshonestidad.