El Gobierno de la Ciudad de México está ejerciendo una presión muy fuerte a la Secretaría de Hacienda federal para obtener más dinero. Sí, el dinero, que supuestamente no interesa a nuestros políticos, es al final su incentivo mayor. Lo que está pidiendo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, son nueve mil millones de pesos más para gastar en 2017.
El dinero, nos dicen, es para el beneficio de los ciudadanos. Se usará para construir más Metro y para hacer reparaciones en las líneas existentes. Se empleará también para mejorar el Sistema de Aguas. Son proyectos, sin duda, positivos. Lo que no señala el gobierno capitalino es que tanto el Metro como el Sistema de Aguas están descapitalizados porque no hacen cobros suficientes. El gobierno está sin dinero, por otra parte, porque gasta los recursos en repartir subsidios en vez de ofrecer buenos servicios urbanos.
El Gobierno de la Ciudad de México afirma que está pidiendo algo a lo que tiene derecho. Durante los tiempos del Pacto por México el PRD negoció un “fondo de capitalidad” para el ex Distrito Federal para cubrir los supuestos costos por ser capital de la República. Muchos especialistas, sin embargo, mantienen que la capitalidad le da a la Ciudad de México una enorme cantidad de dinero, al concentrar en ella recursos fiscales, burocracia y las sedes centrales de la mayoría de las empresas.
De lo que no hay duda es de que la Ciudad de México es la entidad más rica del país. Por eso los contribuyentes del resto de la República se muestran irritados cuando se les plantea que deben pagar impuestos para subsidiarla. Afirman que mientras que el PRD plantea que los ricos deben pagar impuestos para ayudar a los pobres, en el caso de la Ciudad de México sostiene que los pobres paguen para ayudar al más rico.
Problema
El tema de fondo, por supuesto, es político. La Ciudad de México se ha convertido en el bastión de los partidos de izquierda. Los dos más importantes, el PRD y Morena, se disputan el control para 2018 después de que el PRD ha gobernado la ciudad desde 1997.
La Ciudad de México tiene el presupuesto más rico de la República Mexicana. En este 2016 tiene un gasto total de 172 mil millones de pesos; 70% de estos recursos proviene de aportaciones del gobierno federal.
Mientras la Ciudad de México exige más dinero de la Hacienda federal, se niega a establecer políticas más sanas de recaudación. El pasaje del Metro, de cinco pesos, queda muy lejos de cubrir los costos, que son de cuando menos once o doce pesos por viaje. El resultado es un déficit endémico que debilita al sistema. Lo mismo ocurre con el agua, que virtualmente se regala a 90% de los hogares de la ciudad. En el predial la ciudad cobra cantidades muy grandes en unos cuantos barrios ricos, pero montos ínfimos o nulos a la enorme mayoría de los hogares. Al mismo tiempo, la ciudad gasta mucho en programas sociales, que compran votos pero que dejan sin recursos a servicios urbanos fundamentales como seguridad, agua, pavimentación y otros.
Uno puede entender la lógica del Gobierno de la Ciudad de México. Quiere dinero para ganar las elecciones de 2018, pero la resistencia de los contribuyentes del resto del país a seguir subsidiando a la ciudad más rica del país no solo tiene también su lógica sino un claro signo de justicia. El problema es que la política nunca ha pretendido ser justa.