El senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, buscó madrugar a los empresarios, a las fuerzas políticas y al mismo gobierno cuando presentó en comisiones del Senado este martes 3 de diciembre una iniciativa de ley que prohibiría casi todas las formas de subcontratación u outsourcing, al tiempo que convertiría esa práctica en una forma de crimen organizado. La iniciativa se aprobó por la mayoría de Morena en comisiones.
Las dos cámaras del Congreso ya habían avalado una reforma que convertía por decreto en miembros del crimen organizado a empresarios que evaden impuestos o que tienen diferencias con el Sistema de Administración Tributaria. Con el madruguete el senador Gómez Urrutia obviaba cualquier discusión del tema con el sector privado, el cual advirtió que la medida representaría un severo golpe a la inversión productiva en el país.
Esta vez, sin embargo, la orden de parar las cosas vino de arriba. La Junta de Coordinación Política del Senado, que encabeza Ricardo Monreal, decidió congelar la iniciativa con el fin de convocar a un Parlamento Abierto, en otras palabras, una discusión en la que podrían participar todos los sectores de la población.
Hay buenas razones para pensar que la decisión vino del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró riesgosa una nueva medida para golpear la inversión productiva, que ha tenido ya un año de desplome.
Resultados
La práctica del outsourcing es muy común no solo en México sino en el mundo entero. Muchas empresas prefieren concentrar sus contrataciones formales en el personal indispensable para sus funciones esenciales. Para una firma de diseño arquitectónico, por ejemplo, tiene sentido contratar directamente a arquitectos y diseñadores, pero subcontratar los servicios de seguridad y de limpieza a firmas especializadas en estas tareas. La subcontratación otorga una mayor flexibilidad a las empresas, la cual se vuelve necesaria por las costosas leyes que restringen el despido cuando hay necesidades de ajuste de personal.
Eliminar la mayor parte de las subcontrataciones, como pretende Gómez Urrutia, haría la inversión productiva en México mucho más costosa que en otros países, como Estados Unidos y China, donde los ajustes de personal se pueden hacer sin grandes pagos de indemnización. También reduciría la competitividad de México frente a Europa, donde el outsourcing disminuye los costos de contratación de personal de las empresas. El resultado de prohibir la subcontratación sería una disminución de la inversión productiva y la creación de empleos. Fomentaría, además, el uso de trabajadores informales porque estos resultarían mucho más baratos que los formales.
Lo curioso del caso es que el Sindicato Minero de Gómez Urrutia ha utilizado desde hace mucho tiempo la subcontratación como una forma de obtener ingresos excepcionales. Esto quedó de manifiesto en la tragedia de Pasta de Conchos de febrero de 2006: el sindicato permitía una amplia subcontratación porque la empresa pagaba doble, por desplazamiento al sindicato al contratar personal no sindicalizado y por los sueldos de los mineros. El dinero del desplazamiento terminaba en el bolsillo de los líderes.
En este momento México no se puede dar el lujo de alejar más la inversión. Prohibir la subcontratación tendría este resultado. Es una pésima política en cualquier momento, pero especialmente hoy.