La gran caída en la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto tuvo lugar después de los hechos de Iguala y Cocula del 26 y 27 de septiembre de 2014. El presidente llegó a su Segundo Informe de Gobierno en una situación muy sólida, pero los reportes sobre el secuestro de los normalistas y su aparente ejecución ha deprimido la popularidad de su gobierno.
De alguna manera es injusto. No hay hasta este momento ninguna indicación de que el gobierno federal haya tenido nada que ver con lo sucedido.
El movimiento de Ayotzinapa, un grupo político radical que ha venido operando en esa escuela normal rural desde hace mucho tiempo, ha insistido constantemente que “Fue el Estado”. La información disponible sugiere más bien que “Fue el municipio, aliado con el crimen organizado”.
Mucho se ha cuestionado la versión de los hechos presentada por la Procuraduría General de la República en sus actuaciones. Lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam presentó en su momento como la “verdad histórica” ha sido ahora ridiculizado como la “mentira histórica”, particularmente a raíz de la emisión de un informe del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pagado por el gobierno de México.
La mayor parte de la atención se ha concentrado en una parte particular del informe en que el especialista peruano José Torero afirma que es científicamente imposible haber quemado 43 cuerpos en el basurero municipal de Cocula, como lo plantea la PGR. La investigación tiene otras opiniones periciales que plantean lo contrario, por lo que será necesario obtener un nuevo peritaje; pero muchas veces se pierde de vista que la quema de los cuerpos no es la parte fundamental de la versión de la PGR.
Curioso
Lo que la investigación oficial señala es que un grupo de policías municipales de Iguala atacó a tiros a los normalistas, quienes habían secuestrado autobuses en Chilpancingo e Iguala. Por lo menos uno de los normalistas fue asesinado y desollado en la misma noche del 26 de septiembre. Otros 43 fueron trasladados a Cocula, donde fueron entregados a la policía municipal de ese lugar, que a su vez se los dio al grupo criminal de Guerreros Unidos, el cual pensaba que los jóvenes eran miembros del grupo rival de Los Rojos. Los sicarios de Guerreros Unidos mataron a los jóvenes y quemaron cuando menos algunos de los cuerpos en el basurero municipal.
La idea de que los cuerpos fueron quemados surge de las declaraciones de los Guerreros Unidos. Es la misma versión que dio a conocer en su momento el padre Alejandro Solalinde, un sacerdote jesuita muy crítico del gobierno. La PGR nunca ha señalado que todos los cuerpos fueron quemados en ese lugar, pero el hallazgo de una bolsa de plástico con restos de normalistas, identificados por pruebas de ADN, y tierra del basurero en el río San Juan fortalece la hipótesis.
El estudio del GIEI no contradice en realidad la mayor parte de esta versión. Sugiere que los normalistas pudieron haber sido atacados por haberse robado un autobús, el “quinto autobús”, que quizá transportaba enervantes, pero no ofrece ninguna prueba o indicio.
En estas circunstancias lo curioso es que el secuestro y presunta ejecución de los normalistas se haya convertido en una condena al gobierno de Peña Nieto. Quizá la desconfianza en nuestro país es ya tan grande, que de todo se responsabiliza al gobierno.