Grupo GIEI
Foto: Adolfo Vladimir
11 abril, 2016
Sergio Sarmiento
Columnas

GIEI político

Supuestamente debería ser una instancia imparcial      

Uno pensaría que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estaría interesado en conocer lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Esa es, después de todo, la misión que le ha encomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Podría uno pensar también que para lograr este objetivo promovería la mayor transparencia posible en las investigaciones.

Pero no: el GIEI está demostrando ser una organización política que, mientras extiende la mano para recibir dinero del gobierno mexicano, busca a toda costa comprobar que el responsable de la muerte de los normalistas “fue el Estado”, aunque las pruebas no lo señalen.

El GIEI se ha concentrado en tratar de demostrar que los cuerpos de los normalistas no fueron quemados en el basurero municipal de Cocula, como señaló la primera hipótesis de la Procuraduría General de la República, la que el entonces procurador Jesús Murillo Karam llamó apresuradamente la “verdad histórica”.

En realidad la obsesión es sorprendente. La forma de disposición de los cuerpos parecería ser lo menos importante en una hipótesis que señala que los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y entregados a policías de Cocula, que a su vez los entregaron al grupo criminal de Guerreros Unidos, que los ejecutaron. Si los cuerpos fueron quemados o no, parecería poco relevante.

Pero el dogma de que los cuerpos no fueron quemados es una línea de los líderes del movimiento político de Ayotzinapa (que no son los padres de los normalistas). El primero en señalar que los cuerpos fueron quemados fue el padre Alejandro Solalinde, quien recibió la información de testigos presenciales. Solo después la PGR adoptó la tesis de la incineración de los cuerpos por las declaraciones de algunos de los detenidos, acusados de haber participado en el secuestro y asesinato de los normalistas.

Los líderes del movimiento de Ayotzinapa, sin embargo, entre ellos el abogado Vidulfo Rosales, rechazaron la versión del padre Solalinde y le dijeron que ellos tenían sus propios voceros. En otras palabras, la diferencia no tenía nada que ver con lo ocurrido con los normalistas sino con el manejo político de la información. Lo realmente importante era demostrar que “fue el Estado”.

Posición

Esa misma actitud estamos viendo en un GIEI que supuestamente debería ser una instancia imparcial, ya que proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no ha sido así. El grupo se ha empecinado en demostrar que no era posible un incendio en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre.

Se basó para eso en la conclusión de un “experto”, José Luis Torero, quien solo visitó la zona 20 minutos y decidió teóricamente que era imposible que el fuego hubiera quemado un solo cuerpo.

Hoy un nuevo grupo de especialistas, en el que sorprendentemente se encuentra el propio Torero, ha concluido que no solamente sí hubo un incendio sino que este quemó cuando menos 17 restos humanos.

El GIEI ha replicado la posición de los dirigentes del movimiento de Ayotzinapa ante el padre Solalinde. Ha cancelado su colaboración con la PGR (sin renunciar al dinero del gobierno federal), pero no porque el peritaje sea incorrecto sino porque había un supuesto acuerdo con la PGR para ocultar los resultados.

En otras palabras, defender una posición política es más importante que conocer y difundir la verdad.