Es uno de esos acuerdos que sorprenden. El pasado 23 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a casi todos los gobernadores del país: “Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de Gobierno y los gobernadores del país —anunció en su cuenta de Twitter. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”.
La verdad es que la ley obliga a todos a garantizar esas elecciones libres y limpias y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. México parecería ser un país singular por el hecho de que se requiere de una reunión de sus líderes políticos para emitir una promesa de cumplir la ley. Quizá no recordaron los presentes que todos, en su toma de protesta, prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
No fue la primera vez, sin embargo, que hemos visto en México una ceremonia en la que los participantes se comprometen a cumplir la ley. Las hicieron varios de los presidentes anteriores, pese a lo absurdo que parezca. En realidad son reuniones que buscan enviar un mensaje político a la población.
A la reunión de este 23 de marzo acudieron todos los gobernadores y la jefa de Gobierno de la capital, con excepción de Enrique Alfaro, de Jalisco, y Quirino Ordaz, de Sinaloa. Aun cuando Quirino ha trabajado bien con el presidente López Obrador, la ausencia de Alfaro se leyó como un rechazo al liderazgo del primer mandatario. De manera significativa Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, quien se encuentra en un proceso de juicio político promovido por la Fiscalía General de la República, sí estuvo presente: quiso mandar el mensaje de que sigue siendo gobernador y que peleará contra las acusaciones que se le hacen.
Villano
El gran ausente, lo cual también manda un mensaje, fue el árbitro de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, encargado de garantizar que el proceso se lleve a cabo de conformidad con la ley. El que no se haya invitado al INE tiene también una intencionalidad política. Tanto López Obrador como el presidente de Morena, Mario Delgado, cuestionan de manera reiterada al organismo, al cual presentan como el gran villano de la elección de 2006, que el presidente insiste le fue robada, y el villano también del proceso electoral actualmente en proceso.
El presidente López Obrador quiso presentarse como el gran garante de la elección para mostrar, quizá, que nadie necesita al INE y que el gobierno puede garantizar la limpieza de las elecciones, como en 1988, cuando el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, era también presidente de la Comisión Federal Electoral. Presentar al INE como villano tiene también la ventaja de que si los resultados de la elección del 6 de junio no le convienen al presidente y a su partido, siempre podrá acusar de fraude al INE.
Parece positivo que, independientemente de las circunstancias, el presidente López Obrador haya reunido en Palacio Nacional a casi todos los gobernadores, la mayoría de oposición. El país se beneficia del diálogo entre sus dirigentes, sin importar sus partidos. Lo que debe lamentarse es que en México tengamos reuniones cumbre en las que, en vez de lograr acuerdos sobre los mil temas que nos separan, los líderes hagan compromisos tan innecesarios como el de cumplir la ley.